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Proceso
Entre el segundo y el tercer trimestre del año se redujeron los ingresos laborales reales del 60% de la población más pobre del país, y creció a 40.7% la proporción de personas cuyo ingreso laboral no alcanza para comprar una canasta básica, documentó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
A consecuencia de la inflación, y especialmente del incremento de los precios de algunos productos de la canasta básica, los tres quintiles más pobres –principalmente a la población que vive en un espacio rural, las mujeres y las personas indígenas– sufrieron un retroceso en el camino lento de la recuperación económica posterior al confinamiento derivado de la pandemia de Covid-19, e incluso se agravó la tasa de desigualdad en el país, medida a través del índice de Gini.
La desigualdad no sólo se agravó entre los escalones de la sociedad, sino también a nivel geográfico: mientras en Chiapas el ingreso laboral real se derrumbó en un 10.1% entre el segundo y el tercer trimestre –en Sinaloa cayó en un 4.9%, en Nayarit en un 4% y en Guerrero en un 2.9%–, en Baja California se disparó en un 13.8% y en Aguascalientes en un 9.1%.
De igual modo, mientras en Veracruz y Sinaloa, el número de personas que no alcanzaban para una canasta básica creció en más de 6%, esa tasa se redujo en más de 4% en Baja California Sur y Quintana Roo.
Con base en las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Coneval dio a conocer su informe sobre el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), el cual mostró que si bien hubo mejoras respecto los primeros meses de la pandemia –durante los cuales los sectores “no esenciales” de la economía fueron paralizados–, los datos generales no alcanzan los niveles anteriores a la crisis económica.
Ello, en parte por el aumento de 7.8% y 7.5% en los precios de la canasta básica en el ámbito rural y urbano, respectivamente, con niveles que rebasan la inflación anual de 5.8%. De manera particular, el Coneval subrayó la explosión del valor del jitomate –22.1% en el último trimestre–, la cebolla –42.5%– y la tortilla, que encareció 14.9% este año.
Durante los primeros meses de la emergencia sanitaria, el ingreso laboral real se derrumbó de manera vertiginosa, a 2 mil 460 pesos en el tercer trimestre de 2020; desde esa fecha, el ingreso se ha recuperado hasta alcanzar 2 mil 769 pesos actualmente, pero aún no recupera su nivel anterior a la pandemia.
De igual modo, la masa salarial nacional aumentó de manera significativa respecto a la segunda mitad de 2020, pero aún se ubica debajo del primer trimestre de ese año, cuando sumó 318 mil 907 millones de pesos.
En el tercer trimestre del año, se observó incluso un repunte de la tasa de personas cuyo ingreso laboral es inferior a la línea mínima de bienestar: en el tercer trimestre de este año, el 40.7% de la población no tenía un ingreso suficiente para comprar la canasta básica, una cifra superior a los niveles de 2019 y 0.9% más grave que en el segundo trimestre del año. En el campo, esa tasa alcanzó 53.9%.
En contraste, el quintil de ingresos más altos de la sociedad mexicana no solo recuperó su ingreso, sino recibió un poco más que antes de la crisis.
“El ingreso laboral no alcanza”: Acción Ciudadana frente a la Pobreza
Ante incremento de la pobreza en México durante 2019, 2020 y 2021, el colectivo Acción Ciudadana frente a la Pobreza urgió implementar una profunda reforma al sistema laboral para alcanzar un sistema de seguridad social universal, y financiarla con una “reforma fiscal progresiva”.
Rogelio Gómez Hermosillo, director del colectivo, recalcó que, de manera sistémica, imperan los ingresos de miseria y la falta de seguridad social, producto “en gran parte” del sistema laboral en México, en el cual apenas 9 millones de trabajadoras y trabajadores reúnen “las condiciones mínimas decentes de trabajo” y 35 millones enfrentan condiciones de precariedad, y 24.6 millones no reciben ingreso, sea porque realizan labores domésticas –casi exclusivamente mujeres– o porque están desempleadas.
“El ingreso laboral no alcanza”, insistió el hombre, al refrendar que la mitad de la población tiene un ingreso por hogar inferior a 7 mil pesos mensuales, mientras que solamente el 10% de la población más rica del país recibe más de 32 mil pesos por hogar al mes.
En reacción al informe demoledor que publicó el Coneval –el cual reveló que 67 millones de personas están careciendo de lo más básico para vivir y que una de cada seis personas en el país está pasando hambre–, el colectivo resaltó la necesidad de que el salario mínimo llegue a 7 mil 500 pesos en 2024, el cual permitiría comprar dos canastas alimentarias urbanas.
Otro dato del informe del Coneval muestra que la carencia por acceso a la salud se agravó hasta alcanzar 28% durante los primeros dos años del actual sexenio, en parte por el deficiente arranque del nuevo Insabi.
“No nos hagamos bolas”, urgió Gómez, al afirmar que el problema de salud viene fundamentalmente de la ausencia de un sistema de seguridad social, del que carecen siete de cada diez personas en el país, debido a que la salud está vinculada al sistema laboral, en el cual impera la precariedad y, en sus palabras, es “una fábrica de pobreza”.
Por ello, la investigadora Pilar Parás subrayó la necesidad de implementar una reforma fiscal progresiva, para que “las personas que más ganan y más tienen aporten más” a un sistema de salud con cobertura universal, que incluya transferencias monetarias para garantizar ingresos de las personas con el objetivo de lograr una “mayor redistribución frente a la desigualdad”.
Lucila Servitje Montull refrendó que “la pobreza es un problema de país”, y resaltó la necesidad de enfocarse en un sistema de “trabajo digno” con derechos laborales y de “acceso a la seguridad social universal”.
