Proceso

En caso de prevalecer la Ley de la Industria Eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que diversas firmas pretenden tumbar mediante un sinfín de amparos, resultarán severamente afectados sobre todo dos emporios: el gigante español Iberdrola y la familia del magnate Claudio X. González.

Hace poco más de un año, el 6 de febrero de 2020, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) fortaleció a esos dos “agentes económicos” al permitir que realizaran una “concentración”, es decir, se unieran para generar energía.

Iberdrola tiene en su haber decenas de permisos para generar energía, transportar gas y proveer de hidrocarburos a la población; mientras que la mencionada familia, a través del emporio Kimberly Clark y en especial de Guillermo de Jesús González Guajardo –hermano de Claudio X.–, acumula ocho permisos en el mismo rubro.

Pero ninguno es tan provechoso como el que obtuvieron en 2020, cuando la Cofece avaló la unión entre Iberdrola y las empresas de Guillermo González Guajardo para manejar todas las obras que conlleva el gasoducto Tamazunchale, en San Luis Potosí.

Un integrante del clan González Guajardo tiene los permisos de generación de energía; otro, de transporte de gas; otro posee los terrenos, y así desde el año pasado esa familia es la gran ganadora de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que obliga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a comprarle energía por 25 años. Éstos son parte de los 33 permisos de energía que la CFE empezó a revisar desde 2019.

Claudio X. González ha criticado y cuestionado duramente las decisiones presidenciales. El pasado 19 de marzo, López Obrador deslizó, sin dar detalles, nombres de grandes permisionarios de energía que exprimen a la CFE por el tipo de contratos firmados. Entre ellos mencionó a la familia de Claudio X. González, Bimbo, Walmart e Iberdrola.

 

Acumulación y abundancia

 

Kimberly Clark, el emporio de la familia González Laporte y González Guajardo, ha estado cerca de los últimos gobiernos priistas y panistas.

Claudio González Laporte, padre del clan, fue asesor del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, que impulsó las reformas a la Ley del Sistema Eléctrico y abrió la puerta a los llamados “productores independientes”, es decir, generadores de energía privados.

Éstos mantuvieron su esquema hasta la reforma energética de Peña Nieto en 2013. En el camino, la empresa que encabeza González Laporte, Kimberly Clark, logró cinco contratos de parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), organismo autónomo encargado de otorgar el aval en materia de energía, gas e hidrocarburos.

Su hijo, Guillermo González Guajardo, fue el encargado de formar el entramado energético más allá de Kimberly Clark.

 

La Reforma Laboral de 2012, paraíso de empresarios y ruina de trabajadores… con y sin estudios

 

La administración de Enrique Peña Nieto es la que se encargó de implementar la Reforma Laboral que heredó de Felipe Calderón Hinojosa. El saldo es claro: el 63 por ciento de la población asalariada de México gana de uno a tres salarios mínimos.

De 2013 a 2018 se crearon 4 millones 676 mil 314 empleos con un salario de uno a dos salarios mínimos. En el mismo periodo se perdieron 2 millones 348 mil 898 empleos que ofrecían mínimo más de dos salarios mínimos y hasta más de cinco salarios mínimos, según el informe “El sexenio del empleo precario y los bajos salarios”, elaborado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad (Equide) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y de Puebla.

Estas cifras publicadas en la recta final de la administración del ex presidente Peña Nieto son consideradas el balance final del primer sexenio en que se puso a prueba la Reforma Laboral.

El grupo de investigadores de esas instituciones coincidieron en que se crearon empleos precarios y se perdieron los mejor remunerados, lo que indica que no sólo se afectó a la población con menor nivel educativo, sino que la flexibilidad laboral y la oferta al extranjero de mano de obra barata, también terminó por afectar a la población con mejor preparación académica.

El estudio realizado a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestra que los empleos que ofrecen un sueldo de un salario mínimo, ubicado en 2018 en 88.36 pesos, crecieron 1 millón 486 mil 566; los que ofrecen más de uno y hasta dos, lo hicieron en 3 millones 189 mil 748.

Luego viene la disparidad en las cifras: hubo 251 mil 520 menos  empleos que ofrecían más de dos y hasta tres salarios mínimos; 1 millón 058 mil 065 menos empleos de más de tres y hasta cinco salarios mínimos y 1 millón 039 mil 213 menos empleos de más de cinco salarios mínimos.

“El 60 por ciento de los trabajadores asalariados viven en condiciones de precariedad: no tienen seguridad social, prestaciones de ley, contratación definitiva, laboran más de 8 horas y reciben remuneraciones debajo de la línea de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)”, señala el estudio.

Y seis años después, la Reforma Laboral sería uno de los elementos clave en la persistencia de la pobreza, ya que el 64 por ciento de los trabajadores perciben entre 1 y 3 salarios mínimos, cuando de acuerdo al Coneval, se requieren de 4 salarios mínimos para que un hogar promedio de cuatro personas no caiga debajo de la línea de pobreza monetaria.

“La política laboral de este sexenio viene con la inercia de la inclusión de México en el mercado internacional como país de bajos salarios. La Reforma Laboral fortaleció la contratación y el despido a bajo costo e incluyó el outsourcing como un mecanismo central. Le quitó derechos a los trabajadores y es un desastre en materia de desarrollo. Lo único que ha generado es la persistencia de grandes capas de población trabajadora en la situación de pobreza: outsourcing, Reforma Laboral, el mercado internacional, son una bomba atómica que aplicó el gobierno de Peña Nieto: generación de empleos precarios, cuyo resultado es la persistencia de la pobreza y la desigualdad en el México del siglo XXI”, comentó Miguel Reyes Hernández, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana.

 

EL ALTO COSTO DE LA REFORMA

La promesa inicial del gobierno de Peña Nieto fue la creación de 500 mil nuevos empleos cada año. En su tanda de spots con motivo con motivo de su sexto y último Informe de Gobierno, el Presidente habló de los “logros alcanzados” con la Reforma Laboral. “Sin duda, éste ha sido el sexenio del empleo”, dijo y presumió que en su administración se crearon 4 millones de empleos.

Según los números del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en realidad se generaron 3.5 millones de nuevos empleos, pero no se sabe si cada afiliación al IMSS representa un nuevo empleo o la formalización de uno ya existente, además de que la mayoría de esos empleos creados ofrecen salarios de entre uno y tres salarios mínimos.

Datos de México ¿Cómo vamos? señalan que la informalidad en el país es más alta que en otras regiones con PIB per cápita similar; incluso hay menos informalidad en Venezuela, Chile, Brasil y México está casi al nivel de Colombia y El Salvador.

Por esta razón, el crecimiento de afiliados al IMSS, parece “atípico” si se compara con el crecimiento del PIB real.

Y con los nuevos datos, lo que se pone en duda es la calidad de esos empleos creados. ¿Qué es lo que hace un gobierno para que el resultado sea ese?

De acuerdo con Reyes Hernández, en el sexenio de Peña se conjuntaron varias cosas. Primero, la inercia que ya venía arrastrando de los sexenios anteriores con la inserción de México al mercado internacional con la oferta de los bajos salarios, es decir, cuando se decide que la principal arma de competitividad será la mano de obra barata, “no la inversión en tecnología ni infraestructura, sino las bajas remuneraciones”, explicó el investigador.

Eso marcó la tendencia de los “nuevos empleos” o de la demanda de empleos. Éstos serían en la manufacturera, la construcción, el comercio, en servicios y el sector primario –como jornalero agrícola, en comercios y restaurantes, en servicios de recolección de basura y limpieza–. Esos empleos son de baja remuneración y no requieren que el personal sea altamente calificado, que tenga maestría y doctorado.

México se ubica en el último lugar de los 35 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde la mano de obra fue la peor pagada durante 2016, ya que se paga un promedio de 14.63 dólares (la media es de 50.21 dólares).

Esa es una inercia que viene de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón; Peña no la modifica.