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Mariel Serrano
El traslado de seis personas privadas de la libertad clasificadas como de alta peligrosidad del penal de San Miguel, en Puebla capital, a centros penitenciarios federales fue confirmado por el coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, quien informó que los movimientos se efectuarán durante los próximos días, tras recibir la autorización de las autoridades federales.
El funcionario explicó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal estableció comunicación con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para gestionar el traslado de los internos, cuya movilización ya cuenta con el visto bueno del Gobierno de México.
García Parra señaló que los seis internos fueron identificados por su nivel de peligrosidad.
Asimismo, precisó que la medida contempla únicamente el Centro Penitenciario de San Miguel y que no existen traslados programados para el reclusorio de Ciudad Serdán.
Además, el coordinador del Gabinete Estatal informó que durante esta semana se realizaron inspecciones en los centros de reclusión de San Miguel y Ciudad Serdán.
En las revisiones participaron representantes de la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión de Derechos Humanos y la Secretaría de Salud, quienes verificaron las condiciones de internamiento, los servicios médicos y los protocolos de funcionamiento de ambos establecimientos.
Descartan indicios de hepatitis en San Miguel
Respecto al penal de San Miguel, García Parra indicó que personal médico realizó valoraciones a aproximadamente 900 personas privadas de la libertad. De acuerdo con el reporte oficial, durante estas jornadas no se encontraron indicios sanitarios que confirmaran las versiones sobre un posible brote de hepatitis.
También se supervisó el módulo W, donde se identificó la necesidad de sustituir algunos cristales. No obstante, el funcionario aseguró que el área continúa operando con normalidad.
En el Centro Penitenciario de Ciudad Serdán se llevaron a cabo jornadas de atención médica y trabajos de fumigación, luego de reportes relacionados con la presencia de plagas.
En relación con la capacidad de los centros de reclusión, García Parra descartó que exista sobrepoblación en los penales estatales y afirmó que se dispone de recursos anuales para cubrir las necesidades de alimentación y atención de las personas privadas de la libertad.









