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Mariel Serrano
La FGE de Puebla mantiene abiertas más de cinco investigaciones contra presidentes municipales por posibles actividades ilícitas, informó la titular de la dependencia, Idamis Pastor Betancourt.
La fiscal estatal explicó que las investigaciones permanecen activas y se desarrollan en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.
Pastor Betancourt indicó que, debido a que algunas de las indagatorias corresponden al ámbito federal, no es posible proporcionar información sobre los nombres de todos los alcaldes involucrados ni precisar los delitos que se les atribuyen.
Entre las conductas que han sido relacionadas con algunas de estas investigaciones se encuentran el robo de transporte de carga, robo de hidrocarburos y extorsión, aunque la fiscal reiteró que los detalles de las carpetas permanecen bajo reserva de las autoridades correspondientes.
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En relación con los presidentes municipales de Esperanza, Isaac Rodríguez Ochoa, y de Tepeyahualco, Said de Jesús Godos Luna, la titular de la FGE confirmó que existían órdenes de aprehensión que fueron cumplimentadas.
En el caso de Esperanza, la investigación también es atendida por autoridades federales debido a señalamientos relacionados con delincuencia organizada. La Fiscalía estatal señaló que proporcionó información y colaboró con las instituciones federales durante el desarrollo de las acciones.
Suman siete alcaldes detenidos en Puebla
Entre los casos se encuentran los hermanos Uruviel, Giovanni y Ramiro González Vieyra, alcaldes de Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, respectivamente.
También están los casos de Gerardo Cortés Caballero, de Cuautempan; Said de Jesús Godos Luna, de Tepeyahualco; Isaac Rodríguez Ochoa, de Esperanza, y Juan Pérez Moral, de Tianguismanalco. Este último fue detenido por una investigación relacionada con el delito de violación.
Las investigaciones involucran a funcionarios de distintos municipios y, en algunos casos, son conducidas directamente por instancias federales debido a la naturaleza de los delitos bajo indagatoria.








