Huffignton Post

 Para que el crimen organizado obtenga millonarias ganancias por la venta de combustible robado, necesita clientes que estén dispuestos a violar la ley para su propio beneficio. Y en México, a los huachicoleros les sobra gente que ve con buenos ojos ese mercado negro y barato, de acuerdo con un informe elaborado en junio de 2017 por la Cámara de Diputados. De acuerdo con una encuesta telefónica a nivel nacional, realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública del Poder Legislativo, el 83,1 por ciento de los mexicanos dijo estar dispuesto a comprar combustible robado a bajo costo. Sin embargo, a la hora de preguntarles si los dueños de las gasolineras que sean descubiertas vendiendo combustible robado merecen ir a la cárcel, el 88,1 por ciento dijo que sí. Es decir, la mayoría de los mexicanos está en contra de que se venda gasolina robada… a menos de que se la dejen barata. Solo el 10 por ciento de los mexicanos no compraría gasolina robada a bajo costo; 83,1 por ciento dijo que sí y 6,4 por ciento dudaría.

 La encuesta realizada principalmente en aquellos estados de la República Mexicana donde existe el robo de combustibles —Puebla, Veracruz, Estado de México, Jalisco, entre otros— también ayuda a entender la gran base social que tienen los huachicoleros, responsables de desfalcarle al Estado mexicano unos 60 mil millones de pesos cada año. El 74,7 por ciento de los mexicanos afirma que los huachicoleros están protegidos por las comunidades donde operan. Al mismo tiempo, 76 por ciento considera que estos ladrones de combustible están coludidos con el crimen organizado. Cuando la Cámara de Diputados quiso averiguar cuál consideran los mexicanos que es la razón detrás del incremento de tomas clandestinas entre los años 2006 y 2014, encontraron que el 10 por ciento asegura que es causa del desempleo; 5,8 por ciento piensa que es producto de la crisis económica; 3,8 por ciento que es para obtener “dinero fácil”; y 1 por ciento lo relaciona con los bajos salarios del país. Incluso, tres de cada 100 mexicanos consideran que sí justo que los huachicoleros sigan operando y el 25% no está convencido de denunciar a un huachicolero de su comunidad.