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Exclusivas Puebla
Un juez de control vinculó a proceso a Jared Alejandro “N”, de 21 años, por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Kimberly Ramos, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Durante la audiencia inicial, que se extendió por aproximadamente tres horas, el juez Guillermo Ortega Castillo determinó que existen elementos suficientes para presumir la participación del imputado en el crimen de la joven.
Como medida cautelar, el juzgador impuso seis meses de prisión preventiva justificada, periodo en el que se desarrollará la investigación complementaria.
Permanecerá recluido en el Cereso de Atlacholoaya
Tras la resolución judicial, Jared “N” deberá permanecer recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, ubicado en la localidad de Atlacholoaya.
Durante el plazo fijado por el juez, la Fiscalía especializada podrá reforzar la carpeta de investigación con pruebas periciales, testimonios y análisis forenses con el objetivo de consolidar el caso y buscar una eventual sentencia condenatoria.
Cabe recordar que el imputado ya se encontraba bajo proceso judicial previamente por el delito de desaparición forzada cometida por particulares, relacionado con el mismo caso.
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El caso que conmocionó a la comunidad universitaria
El feminicidio de Kimberly Ramos generó una fuerte reacción social en el estado de Morelos, particularmente entre la comunidad estudiantil.
La joven, de 18 años, estudiaba en la Facultad de Contaduría y Administración de la UAEM. Su desaparición fue reportada el 20 de febrero, cuando se dirigía a sus clases y envió un último mensaje a su familia antes de que su teléfono fuera apagado.
Su cuerpo fue localizado el 2 de marzo en un predio baldío en el poblado de Chamilpa, zona ubicada detrás del campus principal de la universidad en **Cuernavaca.
Protestas y exigencia de justicia
Tras el hallazgo, estudiantes de la universidad realizaron marchas y manifestaciones para exigir justicia por el caso y demandar mayores condiciones de seguridad para las mujeres en los alrededores de los planteles educativos.
Durante la audiencia, el juez ordenó que en los registros públicos se utilice el acrónimo KJRB para referirse a la víctima, con el fin de evitar la revictimización y proteger su dignidad.
Mientras tanto, colectivos feministas y la comunidad universitaria han reiterado que seguirán movilizándose hasta que el caso concluya con una sentencia firme.
