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Las tormentas eléctricas representan un riesgo que con frecuencia queda en segundo plano frente a otros fenómenos naturales como huracanes, inundaciones o terremotos. Sin embargo, un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló que entre 1998 y 2021 se registraron 2 mil 470 muertes relacionadas con descargas eléctricas atmosféricas en el país.
La investigación no se limitó a determinar las regiones donde ocurren con mayor frecuencia las tormentas, sino que también analizó las condiciones sociales de las comunidades que se encuentran expuestas a este fenómeno. Los resultados muestran que el riesgo de morir por el impacto de un rayo no depende exclusivamente de la intensidad o frecuencia de las tormentas, sino también de factores sociales y económicos.
Entre estos elementos se encuentran el acceso a infraestructura de protección, la disponibilidad de servicios médicos de emergencia y las actividades que desempeña la población. En determinadas comunidades, especialmente rurales, las condiciones laborales pueden incrementar considerablemente la exposición a las descargas eléctricas.
El Estado de México aparece como la entidad con mayor número de víctimas mortales. Dentro de los municipios identificados con una elevada incidencia se encuentran Toluca, Villa Victoria, San Felipe del Progreso e Ixtlahuaca.
Después del Estado de México, Oaxaca, Michoacán y Guerrero figuran entre las entidades con mayores niveles de vulnerabilidad ante las descargas eléctricas atmosféricas. La distribución de los fallecimientos muestra que el fenómeno no representa el mismo nivel de riesgo para todas las comunidades del país.
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La investigación, titulada “Mapping Lightning Risk in Mexico: Integrating Natural Hazard and Social Vulnerability”, fue desarrollada por Alejandro Jaramillo Moreno y Christian Domínguez Sarmiento, investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.
El trabajo plantea un mapa nacional que combina información relacionada con la presencia de tormentas eléctricas y diferentes indicadores de vulnerabilidad social. De esta manera, los investigadores buscan determinar cuáles son las regiones donde la combinación de exposición al fenómeno y condiciones sociales genera un mayor riesgo para la población.
Uno de los principales factores identificados es el trabajo al aire libre. En distintas regiones rurales de México, campesinos y jornaleros desarrollan sus actividades en espacios abiertos, lo que puede dejarlos expuestos a una tormenta eléctrica sin que siempre exista la posibilidad de suspender sus labores o trasladarse rápidamente a un sitio seguro.
La falta de infraestructura también puede incrementar el peligro. Algunas comunidades carecen de construcciones equipadas con sistemas adecuados de puesta a tierra o pararrayos, elementos que pueden contribuir a reducir los riesgos asociados con las descargas eléctricas.
A estas condiciones se suma el acceso a los servicios de emergencia. Cuando una persona recibe una descarga, la distancia entre la comunidad y los centros de atención médica puede convertirse en un factor determinante, ya que una respuesta tardía puede reducir las posibilidades de supervivencia.
Los registros históricos utilizados en el análisis permiten dimensionar el impacto del fenómeno. Entre 1998 y 2021 se contabilizaron 2 mil 470 fallecimientos relacionados con descargas eléctricas atmosféricas.
Cifras previamente recopiladas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, a partir de información de la Secretaría de Salud, ya habían registrado 2 mil 470 defunciones por caída de rayos entre 1998 y 2018. Durante ese periodo, el Estado de México encabezó la lista nacional con 562 fallecimientos.
La información también evidencia que las muertes provocadas por rayos constituyen un problema que puede pasar desapercibido debido a que, a diferencia de otros desastres naturales, sus efectos suelen concentrarse en personas o comunidades específicas y no siempre generan una emergencia de gran escala.
Ante este escenario, los investigadores plantean fortalecer las estrategias de prevención en las regiones donde coinciden una elevada exposición a tormentas y condiciones de vulnerabilidad social.
Entre las medidas propuestas se encuentra la instalación de pararrayos en espacios comunitarios, así como el fortalecimiento de los servicios médicos de emergencia para mejorar la capacidad de respuesta ante personas afectadas por una descarga eléctrica.
También se considera fundamental mejorar los sistemas de alerta meteorológica para que las comunidades puedan recibir información con suficiente anticipación y tomar medidas de protección antes de que una tormenta alcance una zona habitada.
Un aspecto destacado de las recomendaciones es la necesidad de que las alertas sean difundidas en lenguas indígenas. Esto permitiría que la información preventiva llegue de manera efectiva a comunidades donde el idioma puede representar una barrera para acceder a los avisos emitidos por las autoridades.
Las tormentas eléctricas forman parte de los fenómenos hidrometeorológicos que pueden generar distintos peligros además de las descargas eléctricas. Durante una tormenta severa también pueden presentarse granizo, fuertes ráfagas de viento y otros eventos capaces de provocar daños.
Por ello, el estudio plantea que reducir las muertes provocadas por rayos requiere algo más que monitorear las condiciones meteorológicas. También es necesario considerar dónde vive la población, qué actividades realiza, qué infraestructura tiene disponible y qué tan rápido puede recibir atención en caso de una emergencia.
