El Economista / El Financiero

 

Las mesas de diálogo entre el gobierno federal y la iniciativa privada concluyeron el pasado viernes –después de tres meses– con el acuerdo de topar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas (PTU) a tres meses de salario, para lo que se propondrán modificar el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo agregando la fracción VIII.

Con dicho acuerdo podrá avanzar la discusión de la iniciativa de reforma en materia de subcontratación que envió el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el pasado 12 de noviembre de 2020, y que pretende aprobarse antes de que concluya el actual periodo de sesiones.

De acuerdo con la propuesta que presentó la secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, a los representantes empresariales “se busca beneficiar a todos los trabajadores remunerados y que las empresas los contraten directamente sin emplear la figura de subcontratación de personal”.

De tal manera que la modificación a la LFT en el artículo 127 Fracción VIII establecería que “el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador”.

Los análisis que presentó la dependencia indican que con la propuesta los trabajadores recibirán en promedio 57 días de salario; lo que representa aproximadamente una media de 18,557 pesos; “es 2.59 veces más de lo que reciben actualmente”.

En la reunión se dijo a los representantes empresariales que “la propuesta facilitará la aplicación de la ley y dará un trato igualitario a todos los sectores… y en donde habría más beneficio a aquellos que pagaban PTU muy por debajo del promedio nacional y evita la discrecionalidad en el mismo”.

Alcalde Luján expuso que hay subsectores en los que se paga poco PTU, incluso menos que la media nacional que es de 22 días (equivalente a 2.8% de las utilidades); y éste debería ser mayor, por ejemplo, en los trabajos especializados para la construcción se pagan cinco días; es decir, 796 pesos; con la propuesta se tendrían que pagar 83 y el monto sería de 13,526 pesos.

En el país reciben utilidades alrededor de seis millones de trabajadores, lo que representa 56,121 millones de pesos, cuyo promedio para cada trabajador es de 7,301 pesos. Con la propuesta del tope de 90 días, el monto a repartir sobre la misma base de trabajadores actual pasaría a 157,050 millones de pesos, equivalente a 7.7% de la utilidad promedio de las empresas.

La iniciativa para reformar el outsourcing presentada en noviembre pasado por el presidente López Obrador plantea la prohibición de la subcontratación, quedando limitada sólo a las actividades no centrales de la empresa en cuestión, además de la conformación de un padrón público de empresas prestadoras de este tipo de servicios y la creación de la figura de agencias de colocación, que sólo podrán intervenir en el proceso de reclutamiento de personal.

 

STPS da claridad sobre reglas

Al respecto, Óscar de la Vega, socio de la firma DMAbogados, expuso que “esta es una solución práctica que le da un respiro a la competitividad del país; no obstante, tendremos que analizar el fundamento jurídico, ya que es facultad de la Comisión Especial para determinar la PTU, la fijación del porcentaje que se nombra cada 10 años y la Sexta Comisión ya lo fijó en 10% (de la utilidad de la empresa), que es sobre la utilidad repartible de acuerdo a la fracción IX del artículo 123”.

Germán de la Garza de Vecchi, socio líder de Servicios Laborales en Deloitte México, dijo que “es claro que la Secretaría del Trabajo y la Cámara de Diputados buscarán sacar adelante la reforma en subcontratación; me parece que en la medida que se vayan dando señales sobre cómo será ayudará disipar la incertidumbre que se ha generado, y eso es positivo”.

Ricardo Martínez Rojas, del despacho de la De la Vega y Martínez advirtió que la medida anunciada es exagerada, ya que la pequeña y mediana empresa no pueden soportar una medida de esta naturaleza. “Considerando tres meses de salario es un aumento salarial del 20% anual. Las empresas formales ya no pueden con los costos laborales, IMSS, Infonavit, Impuesto Sobre Nómina, Teletrabajo, prohibición de subcontratación, esto va a generar más desempleo, en medio de una grave crisis económica provocada por el Covid”.

 

Acuerdo tripartita

La STPS y los representantes patronales y obreros acordaron agregar al Artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) la Fracción VIII que fija el tope para la PTU, propuesta que sería llevada esta semana a Palacio Nacional, a fin de dar “luz verde” a la discusión de la reforma en materia de subcontratación en el Congreso.

La STPS y sindicatos rechazaron el planteamiento empresarial para topar el PTU a un mes de salario del trabajador.

El acuerdo se dio el pasado viernes en una reunión virtual que presidió la titular de STPS, Luisa María Alcalde, y en la que estuvieron presentes del sector empresarial Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios; José Manuel López Campos, presidente de Concanaco-Servytur; y Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Por parte del sector sindical participaron José Luis Carazo, Fernando Salgado y Tereso Medina, de CTM; Isaías González, secretario general de la CROC; Rodolfo González, secretario general de la CROM, y Francisco Hernández Juárez, representante de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

 

Utilidades en los sectores

Para la STPS este acuerdo deja “intocable” el derecho de los trabajadores a la PTU, esto de conformidad con el porcentaje que determinó la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas el pasado 9 de septiembre de 2020, que se ubica en 10 por ciento.

“Con la propuesta se busca beneficiar a todos los trabajadores remunerados y que las empresas contraten directamente sin emplear la figura de la subcontratación de personal”, expuso Alcalde.

“Esto va a permitir que avance la reforma de subcontratación que envió el Ejecutivo. Tenemos que ir con el presidente para decirle ‘este es el acuerdo’ y ahí se va a cerrar. Nos dijeron que posiblemente sería esta semana, no sabemos el día aún, pero ahí se va a confirmar lo que platicamos el viernes”, sostuvo Isaías González, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

Por su parte, Rodolfo González, dirigente de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), apuntó que “el acuerdo es para dejar a salvo los derechos de los trabajadores, principalmente, de trabajadores mineros que son los que han tenido más de tres meses de este beneficio… en la reunión el empresariado estuvo de acuerdo y pudimos avanzar en ese sentido, sí hubo un consenso”.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que en el marco del Acuerdo tripartita entre el sector empresarial, el obrero y el gobierno federal respecto a la subcontratación, iniciará con los “diálogos nacionales” a fin de atender conjuntamente los retos en la materia.

En cada foro se abordará un sector distinto de la industria, para integrar un documento diario con los puntos principales abordados por los representantes. Las transmisiones de estos conversatorios serán abiertas al público, a través de las plataformas de las redes sociales de la dependencia federal.

La STPS indicó que en las sesiones se contará con la participación de los trabajadores y empresarios “a fin de constituir un espacio de diálogo virtuoso que permita generar coincidencias, acercar posiciones y enriquecer el debate público y abierto”.

 

Reforma neoliberal de Calderón

Tallentia MX, en voz de su director Elías Micha, defiende el “outsourcing” o externalización empresarial, que es parte de la reforma laboral de 2012 que promulgó el hoy expresidente Felipe Calderón.

El esquema permite que una empresa delegue a una tercera la prestación de servicios, lo que permite hasta 50 % de reducción de costos.
El actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa al Congreso el 12 de noviembre para prohibir la práctica por considerarla “abusiva” y herencia del “periodo neoliberal”.

Pero el 23 % del empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) depende de esta figura, manifiesta Elías.
Además, detalla, casi 45 % del personal de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y de las grandes compañías está subcontratado.

Representa 35 % del personal de servicios, 30 % del de comercio y 25 % de la manufactura, comenta.

“Al prohibir la subcontratación estos millones de personas tendrían que ser integradas a las estructuras de las empresas contratantes en un plazo muy corto que, con la actual coyuntura económica por la pandemia, es una tarea que resultaría muy difícil”, ahonda Elías.

Las personas que pierdan su empleo acabarían en el mercado informal, que ya representa más del 55 % de la fuerza laboral en México, prevé el representante empresarial.