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El panorama para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha tornado aún más sombrío tras las declaraciones de Todd Wallace Blanche, fiscal general interino de los Estados Unidos. En una entrevista exclusiva con la cadena News Nation este 6 de mayo, el funcionario que tomó las riendas del Departamento de Justicia tras la salida de Pam Bondi fue contundente: las acusaciones contra figuras como Rubén Rocha Moya son apenas el comienzo.
Blanche dejó claro que la estrategia de la administración de Donald Trump es asfixiar la estructura de los cárteles atacando directamente sus redes de protección política, advirtiendo que el flujo de información proveniente de líderes criminales y exfuncionarios extraditados está abriendo nuevas rutas de investigación que apuntan a lo más alto de la burocracia mexicana.
Blanche subrayó que el enfoque integral adoptado por Washington no distingue entre sicarios y servidores públicos. Según el fiscal, la detención y extradición de figuras de alto nivel ha generado un “efecto dominó” de cooperación, donde los detenidos están entregando nombres y pruebas con tal de evitar las sentencias más severas en tribunales de Nueva York, Chicago o San Diego.
“Es algo que ya hemos hecho antes, pero vamos a seguir haciéndolo”, afirmó, haciendo referencia a que la protección oficial que antes sentían los líderes del crimen organizado se ha desvanecido. Para el Departamento de Justicia, el objetivo es sembrar el temor de que cualquier complicidad con el narcotráfico termine inevitablemente en una celda estadounidense.
Pese a la dureza de sus advertencias, Blanche matizó sus declaraciones asegurando que la relación con el Gobierno de México sigue siendo “buena”, aunque condicionó esta estabilidad a la cooperación absoluta en temas de migración y combate al tráfico de fentanilo. Sin embargo, el mensaje entre líneas es innegable: Estados Unidos ha pasado de la diplomacia de papel a una ofensiva judicial que ignora las fronteras políticas.
Con el caso de Rocha Moya aún fresco y la sombra de nuevas órdenes de aprehensión acechando, el gabinete de Sheinbaum enfrenta la presión de una Casa Blanca que parece dispuesta a purgar la corrupción en México bajo sus propios términos y con sus propios jueces.
“Queremos que teman que, si los detienen, van a terminar en Chicago, Nueva York, San Diego o Texas. Los líderes del crimen organizado y sus cómplices ya no se sienten protegidos”. — Todd Blanche, Fiscal General Interino de EE. UU.
