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Mariel Serrano
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla solicitó el traslado de 15 personas privadas de la libertad del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel a penales federales, con el objetivo de prevenir conflictos internos y preservar la seguridad en las instalaciones penitenciarias.
El titular de la dependencia, vicealmirante Francisco Sánchez González, confirmó que dentro del Cereso existen grupos que mantienen una pugna por el control del penal, situación que podría derivar en riñas o desestabilización. En este contexto, destacó la necesidad de actuar de manera preventiva para evitar incidentes similares a los ocurridos en otros estados.
Durante una revisión reciente al penal, se identificaron perfiles de alto riesgo, entre ellos el interno Ernesto Orea, quien enfrenta cargos por delincuencia organizada y ha sido señalado como posible líder de uno de los grupos internos en disputa. El funcionario indicó que Orea no goza de privilegios, como se ha señalado en versiones no confirmadas.
El pasado martes se registró una manifestación frente al penal de San Miguel por parte de aproximadamente 20 personas que afirmaron ser familiares de internos, denunciando presuntos abusos dentro del centro. Sin embargo, la SSP considera la posibilidad de que los manifestantes no tengan vínculos reales con personas recluidas, y hayan sido contratados para desinformar y ejercer presión, en reacción a los recientes cambios en la administración del penal.
Sánchez González vinculó estas acciones con el reciente relevo del director del penal, como parte de una estrategia para recuperar el control institucional y atender denuncias legítimas presentadas por familiares de internos. Aunque no se reveló el nombre del nuevo director por razones administrativas, el secretario había adelantado la posibilidad de que fuera un perfil proveniente de la Marina.
La SSP trabaja en coordinación con autoridades federales para hacer efectivos los traslados solicitados y mantener la gobernabilidad en los centros penitenciarios bajo jurisdicción estatal. Se reiteró que el Cereso de San Miguel alberga a una población aproximada de 4 mil internos, por lo que se requiere una vigilancia constante y acciones preventivas ante cualquier señal de inestabilidad.
Las investigaciones sobre los hechos recientes continúan, y la Secretaría indicó que se actuará con firmeza para evitar que intereses particulares pongan en riesgo la seguridad de los centros de reclusión.
