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La CIDH obliga al Estado mexicano a cumplir los resolutivos dictados que tienen que ver con continuar e iniciar las investigaciones
Excélsior
Luego de casi 13 años del operativo violento en San Salvador Atenco, Estado de México, las mujeres víctimas de tortura sexual por parte de elementos policiacos de dicha entidad, recibieron el compromiso del Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, de cumplir como Estado mexicano la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al encabezar la primera reunión de revisión de este resolutivo, el subsecretario destacó la voluntad política que existe en el Gobierno de México para reparar el daño que sufrieron 11 mujeres, garantizando justicia y la no repetición. La CIDH obliga al Estado mexicano a cumplir los resolutivos dictados que tienen que ver con continuar e iniciar investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas con perspectiva de género; brindar de forma gratuita, prioritaria e inmediata tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas que lo soliciten. También, publicar el resumen oficial de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de amplia circulación nacional y otro de amplia circulación en el Estado de México.
Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas con presencia de altos funcionarios del Estado mexicano, Estado de México y las víctimas. De igual modo, el Estado debe de crear un plan de capacitación de la Policía Federal y del Estado de México en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza. Asimismo, otorgar una beca en una Institución pública mexicana de educación superior a favor de tres víctimas; elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del Mecanismo de Seguimiento de casos de tortura sexual cometida contra mujeres y pagar daño material e inmaterial a las víctimas, de acuerdo con los montos que se desglosan en la sentencia. En la reunión, el subsecretario Encinas comprometió dar cumplimiento a la determinación en un plazo de seis meses a 2 años. A la reunión asistieron, además de las mujeres víctimas con sus abogados, autoridades de la Fiscalía General de la República, entre otras.
