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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó por unanimidad la orden de aprehensión librada en 2021 contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El Pleno aprobó el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que revocó el amparo concedido al político panista y abrió la puerta para que la orden de captura pueda ejecutarse una vez que se emita el engrose de la sentencia y se notifique al juez de control con sede en Almoloya de Juárez.
Corte fija criterio sobre órdenes de captura
El máximo tribunal determinó que el juez de amparo excedió sus facultades al realizar una valoración de fondo sobre los datos de prueba, cuando en esa etapa solo se requiere verificar si existen elementos suficientes para suponer razonablemente la comisión de un delito y la probable participación del imputado.
Con esta resolución, la Corte estableció jurisprudencia en el sentido de que, dentro del sistema penal acusatorio, no se exige prueba plena para librar una orden de aprehensión, sino datos suficientes que sustenten la solicitud del Ministerio Público.
Aunque la decisión fue unánime, ministros formularon observaciones a la metodología del proyecto. La ministra Yasmín Esquivel Mossa expresó reservas sobre la argumentación, aunque votó a favor de negar el amparo.
Origen del caso
La investigación se originó tras denuncias presentadas en 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), por un presunto esquema de triangulación de recursos mediante contratos de obra pública en Tamaulipas.
Entre los indicios señalados se encuentran discrepancias contables, transferencias entre empresas, reportes de operaciones sospechosas en Estados Unidos y un certificado de depósito por 7 millones de dólares a nombre de un familiar.
En 2021, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del entonces gobernador y se libró una primera orden de aprehensión, que posteriormente fue invalidada mientras aún estaba en funciones. Tras concluir su mandato en septiembre de 2022, se obtuvo una segunda orden de captura, la cual fue suspendida mediante amparo hasta la resolución definitiva de la SCJN.
Con el fallo emitido en el amparo en revisión 435/2025, la Corte revocó la sentencia del juez federal y negó la protección constitucional al exmandatario.
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