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- Para combatir y perseguir operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de financiamiento al terrorismo
Exclusivas Puebla
El Gobierno de Puebla reformó diversas disposiciones al reglamento interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el que aumentan las funciones de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica y de la Subdirección de Avisos Notariales, con el cual se pretende combatir y perseguir operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de financiamiento al terrorismo.
El decreto fue publicado el pasado viernes 26 de agosto y entró en vigor al día siguiente de su impresión en el Periódico Oficial del Estado (POE), en el que también establece que los notarios de Puebla ya están obligados a informar a la autoridad estatal sobre la creación de empresas y cambios en su constitución.
Además de que, la persona que esté al frente de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, podrá ser auxiliada en su función por las direcciones de Análisis y de Procesos Legales, así como de las subdirecciones de Tecnologías de la Información y Comunicación y de Avisos Notariales, entre otros servidores públicos.
También participará en el diseño de los esquemas de capacitación, actualización y especialización en análisis financiero, contable y legal, relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
La unidad y su titular diseñarán, integrarán e implementarán sistemas y mecanismos de análisis de información proporcionada por autoridades federales, estatales y municipales para combatir los delitos antes mencionados.
La Subdirección de Avisos Notariales dependerá del titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, y estará encargada de elaborar y proponer la celebración de convenios con las instancias públicas o privadas federales, estatales o municipales, para el ejercicio de sus atribuciones, entre otras obligaciones.
Para identificar los patrones de conducta que pudiesen estar relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, elaborará reportes de inteligencia y creará proyectos de respuesta a los requerimientos y resoluciones de autoridades judiciales o administrativas, incluyendo el Ministerio Público.