Parte 4
Puebla, atacada por el morenovallismo
Eduardo Sánchez
Después de dos años de Gobierno, los peores días del morenovallismo estaban por venir, tras los estragos que dejarían casos como el de la Ley Bala y el financiamiento del Museo Internacional Barroco. Uno de los problemas que ha aquejado al estado durante años y que diversas fuerzas políticas han buscado resanar, fue la entrega en concesión del agua a empresas privadas, dos de ellas mexicanas y una colombiana. En diciembre de 2012, con la mayoría del Congreso del Estado de parte del gobernador, se aprobó por unanimidad la Ley del Agua que permitía entregar la concesión para supuestamente mejorar el servicio en la entidad. El Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) entregó el contrato a un consorcio de tres empresas Agua de México, Ecpor, Ticsa y el fideicomiso bancario de Grupo Hermes, por un periodo de 30 años, la acción provocó un alza en las tarifas del servicio de hasta 500 por ciento.
LINCHADOS, HUACHICOL Y FEMINICIDIOS
En cuanto a temas de seguridad, Moreno Valle no había destacado y los números de diversos delitos crecían, aunque el hecho que puso al estado en la mira de todo el mundo fue el caso de Ajalpan.
En 2015, los hermanos Rey David y José Abraham Copado Molina fueron linchados y quemados vivos por un grupo de pobladores del municipio de Ajalpan, mientrasrealizaban encuestas. Los inconformes los acusaron de ser secuestradores y actuaron sin esperar a las autoridades. La situación se salió de control y el tema llegó a medios internacionales, como el diario español El País, así como a otros periódicos estadounidenses como The New York Times y The Washington Post. Para ese mismo año, otra mancha caería en el gobierno morenovallista, tras la renuncia de Facundo Rosas, ex secretario de Seguridad Pública, quien fue señalado de operar una red de funcionarios públicos dedicados al robo de combustible de Pemex. Este tema se ondearía en los siguientes años, logrando la detención de algunos presidentes municipales vinculados con el robo de combustible en la zona conocida como El Triángulo Rojo, aunque durante la administración de Antonio Gali Fayad la mayoría fue liberada. Pero fue hasta 2018 cuando los subordinados de Facundo, Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, ex director de la Policía Estatal y el ex jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), respectivamente, recibieron sentencia por el robo de 3 mil 600 litros de petrolífero en Tepeaca.
El año fue largo para el ex mandatario, pues a finales del mismo, el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) reportó que en 2015 hubo 49 feminicidios en Puebla, una cifra alarmante en ese entonces y razón por la cual fue solicitada la activación de la alerta de género. Datos de la Procuraduría General del Estado (PGR) revelan que sólo había contabilizado un total de 23 casos de feminicidio desde 2011, por lo cual terminaron descartando la solicitud. Al término de su administración, la ONG reportó un total de 241 feminicidios, pero las autoridades sólo reconocieron 103 casos. Cuatro años ya habían transcurrido desde la toma de poder del panista que no sólo trajo un cambio de infraestructura al estado, también a su partido con su movimiento político conocido como “morenovallismo”, que fue el principal enemigo de uno de los grupos políticos más conservadores del PAN, como lo es el Yunque. Moreno Valle y allegados tuvieron gran influencia en la toma de decisiones dentro del partido y en otros grupos, como el de diputados locales, quienes en más de una ocasión señalaron al político de secuestrar la voz de los afiliados al blanquiazul para hacer y deshacer a su gusto.
El fin de su administración estaba cerca y, con ello, el trazado de un nuevo camino que se dificultó por diferentes exposiciones de información que dejaron al descubierto malas prácticas de Moreno Valle y que le quitaron fuerza. Megaobras, espionaje, financiamiento ilícito y un fallido camino a la presidencia acompañaron al político los siguientes años.
