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De acuerdo a datos del Inegi, a nivel nacional existe un aproximado de 3.2 millones de menores involucrados en explotación laboral infantil
Ángel Fuentes
Es de conocimiento público que enfrentarse al acontecer diario implica peligros, a veces intempestivos, a veces previsibles; por tanto, hacerse de valor para abandonar el refugio cálido del hogar en aras de mejorar la situación en que se vive, es acto meritorio de reconocimiento.
A este respecto, resulta necesario decir que, incentivado por la tortuosa situación actual de los menos favorecidos, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, ha proporcionado, al público en general, el estudio “¿Quiénes son los niños, niñas y adolescentes que trabajan?”.
Dicho estudio, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sostiene que, a nivel nacional, existe un aproximado de 3.2 millones de menores involucrados en explotación laboral infantil; por su parte, el estado de Puebla contabiliza 193 mil 643 menores laborando en “actividades no permitidas”.
Entiéndase por actividades no permitidas a aquellas que se desarrollan en lugares inapropiados que comprometen la salud y el desarrollo físico de los menores.
En este rubro, nuestro estado supera por amplio margen a Oaxaca, que registra 153 mil 554 menores en dicha situación.
A nivel nacional, 2.3 millones de menores, de 5 a 17 años, se desempeñan en labores no permitidas; de este total, gran parte refiere a varones, habitantes de comunidades rurales cuyo trabajo se encuentra en el sector agropecuario.
Las cifras presentadas resultan alarmantes, más aún, considerando que no se alcanzan a vislumbrar acciones reales que permeen sobre todas las causantes del problema.
La explotación laboral de menores resulta ser síntoma de una cuestión arcaica que ha sido soslayada e, incluso, normalizada. Hay que considerar, pues, que la explotación/esclavitud laboral en menores trae consigo afectaciones a su desarrollo emocional y personal; además de ser obstáculo para el goce de sus derechos.
