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Autoridades estatales confirmaron la presencia de fentanilo en el caso de siete menores de edad que resultaron intoxicados tras consumir tamales en el municipio de Huauchinango, situación que derivó en la activación de protocolos médicos y sanitarios de emergencia.
Mariel Serrano
De acuerdo con el Comunicado SS 35/2026, el Gobierno del Estado de Puebla, a través del sistema IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud, informó que los menores, con edades de entre 2 y 11 años, ingresaron de urgencia al Hospital General de Huauchinango luego de presentar síntomas de intoxicación alimentaria severa, tras haber ingerido tamales adquiridos en un puesto ambulante ubicado en la colonia El Potro.
El personal médico atendió de inmediato a los pacientes, quienes presentaron desorientación y complicaciones respiratorias, por lo que se aplicaron los protocolos clínicos correspondientes para su estabilización.
Tras la atención médica, seis de los menores evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta.
No obstante, una niña de 10 años permanece hospitalizada bajo observación médica constante, luego de que los estudios toxicológicos practicados confirmaran un resultado positivo a fentanilo. De acuerdo con el parte médico oficial, su estado de salud se mantiene estable, aunque su pronóstico continúa bajo reserva.
Como medida preventiva, autoridades municipales y sanitarias suspendieron la venta de alimentos en el establecimiento donde se originó el consumo y aseguraron muestras de los productos para su análisis.
Asimismo, se implementó un monitoreo en la zona con el objetivo de detectar posibles casos adicionales relacionados con el mismo lote de alimentos.
El Gobierno del Estado informó que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual inició una carpeta de investigación por presunta contaminación alimentaria, a fin de esclarecer el origen de la sustancia detectada y deslindar responsabilidades.
La Secretaría de Salud precisó que la regulación y supervisión de los puestos ambulantes de venta de alimentos en la vía pública corresponde a los ayuntamientos, mientras que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios interviene únicamente en establecimientos fijos formalmente constituidos.
Finalmente, las autoridades estatales reiteraron su compromiso de proteger la salud pública y mantener coordinación interinstitucional para prevenir riesgos sanitarios, especialmente ante la peligrosidad que representan este tipo de sustancias en la población infantil.
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