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Mariel Serrano
En un acto de rendición de cuentas y compromiso institucional, el Poder Judicial del Estado de Puebla presentó la Memoria Anual de Actividades 2024-2025, en una ceremonia celebrada en la sede del Congreso del Estado.
El evento contó con la presencia del gobernador Alejandro Armenta, así como de diputadas y diputados locales, quienes reconocieron los avances y logros en la impartición de justicia.
Durante su intervención, el gobernador destacó que los tres poderes del Estado deben trabajar de manera coordinada, bajo el principio de respeto mutuo, para garantizar los derechos de la ciudadanía.
Subrayó que “la correlación entre los poderes no implica confrontación, sino respeto y coordinación. El gobernador no es el soberano; el soberano es el pueblo”.
Armenta reconoció el trabajo de magistradas, magistrados, juezas y jueces del estado, quienes, dijo actúan con legalidad, vocación de servicio y sensibilidad social, particularmente al mantener contacto directo con la población.
La entrega de la Memoria Anual estuvo encabezada por el magistrado José Eduardo Hernández Sánchez, presidente del Consejo de la Judicatura, acompañado por la magistrada María Belinda Aguilar Díaz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y la magistrada María Elena Farfán González, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Resultados y cifras del último año judicial
En su mensaje, Hernández Sánchez detalló que durante el último año se iniciaron más de 59 mil juicios, con un incremento del 30% respecto al periodo anterior, y se dictaron 41 mil sentencias.
En segunda instancia, se resolvieron más de 4 mil 300 ejecutorias, mientras que en las Salas Colegiadas del TJA se emitieron 700 sentencias definitivas y cerca de 11 mil 250 acuerdos.
También se destacaron acciones como la creación del Distrito Judicial de Acatzingo, la habilitación de juzgados en Ajalpan, Atlixco y Huejotzingo, así como la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que consolida el rumbo hacia una justicia más moderna y accesible.
El Consejo de la Judicatura impulsó la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, y realizó más de 90 visitas de supervisión a juzgados. Además, se emitieron más de mil acuerdos plenarios y se atendieron 230 recursos de revisión por faltas graves.
En materia de atención ciudadana, los órganos auxiliares del Poder Judicial también reportaron avances significativos. El Centro Estatal de Convivencia Familiar supervisó más de 94 mil 500 convivencias y realizó 2 mil 600 evaluaciones psicológicas. La Defensoría Pública otorgó más de 10 mil 900 patrocinios jurídicos, con un incremento del 143% en montos recuperados para los ciudadanos.
El Centro de Justicia Alternativa concretó más de 1,800 acuerdos de mediación y ofreció 4,700 orientaciones jurídicas, mientras que la Escuela Estatal de Formación Judicial capacitó a más de 270 personas en temas como mediación, justicia laboral y derechos humanos.
La diputada Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, reconoció el compromiso del Poder Judicial con la legalidad, la transparencia y la protección de derechos fundamentales, especialmente de grupos vulnerables como mujeres, niñas, niños, adultos mayores y comunidades indígenas.
“La justicia no se construye en solitario. Se necesita voluntad política, vocación de servicio y visión compartida”, expresó la legisladora, quien calificó al informe como una herramienta útil para evaluar el desempeño institucional.
Al finalizar la ceremonia, tanto el gobernador Armenta como representantes del Congreso reiteraron su respeto a la autonomía judicial y manifestaron su disposición para seguir colaborando en la consolidación de un sistema de justicia moderno, incluyente y accesible.
El magistrado José Eduardo Hernández Sánchez cerró su mensaje reafirmando el compromiso del Poder Judicial de Puebla de garantizar un Estado de Derecho confiable, fortalecer la institucionalidad y seguir avanzando en beneficio de todas y todos los ciudadanos.
