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Eduardo Sánchez
La criminalización del aborto en Puebla propicia que esta práctica se realice de una manera irregular, con la participación de personal sin experiencia y en entornos insalubres, así lo dieron a conocer organizaciones que integran la Campaña Aborto Legal Ya. En la campaña participan la asociación civil El Taller, el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis) A. C., el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C. (Odesyr) y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddser), quienes nuevamente han pedido a legisladores la despenalización del aborto. Mediante un comunicado emitido este inicio de semana se informó que entre 2009 y 2018 se hicieron llegar 69 denuncias por casos de aborto a la Fiscalía General del Estado (FGE). La materia se realizó en 2016 con 13 casos. Por otro lado, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) detalló un informe denominado “Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México” que, en el periodo de 2007 a 2016, 4 mil 246 personas fueron denunciadas por aborto en México, 228 fueron sentenciadas, 83 estuvieron en prisión preventiva y 53 en prisión definitiva. Aunado a esto, se indicó que hay por lo menos 303 casos de poblanas que tuvieron que recurrir a opciones legales en la Ciudad de México para tener un aborto seguro. Estas condiciones de penalización por la interrupción del embarazo ponen en riesgo la vida de las mujeres al no proveer de los principales lineamientos de sanidad y seguridad durante la práctica, así lo advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS), razón por la cual la campaña exige una despenalización de las medidas condenatorias. Organizaciones civiles como la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) han declarado que impedirle la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una niña o adolescente que ha quedado embarazada a consecuencia de una violación sexual, representa un riesgo aún mayor para su vida.
