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Eduardo Sánchez
A media semana, el presidente del Congreso del Estado de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, declaró que buscarán la revocación del fiscal con licencia, Víctor Carrancá Bourget, quien permaneció casi 7 años al frente de la dependencia estatal, misma que a la fecha no ha logrado salir del bache de la deficiencia. Pero, ¿cuál fue el camino que el abogado recorrió y por el cual su trabajo al frente de la fiscalía ha sido repudiado?, este repudio es tanto de políticos como por ciudadanos en general, quienes han visto de cerca la impunidad y corrupción del sistema. Carrancá Bourget es abogado penalista y, antes de llegar a Puebla, estuvo a cargo de la defensa de cuatro guardaespaldas del ex procurador general de la República, Javier Coello, acusados de violar a siete mujeres en los años 90; todos fueron exonerados. En su paso por la administración pública, fue nombrado por el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, subprocurador en la Procuraduría General de Justicia de la capital de la República (Pgjdf).
En ese periodo, estuvo a su cargo la resolución del homicidio del famoso conductor de televisión, Paco Stanley, donde los presuntos responsables que presentó Carrancá Bourget quedaron en libertad. Aunado a esto, quedó al frente de la defensa del perredista René Juvenal Bejarano, por el delito de lavado de dinero y, una vez más, logró dejarlo en libertad. Finalmente, entró a territorio poblano, de la mano del morenovallismo, a la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en 2011. Para 2015, cuando la institución fue transformada en la ahora conocida Fiscalía General del Estado (FGE) tuvo un pase directo como fiscal transexenal.
A esta decisión, agrupaciones como el Movimiento por la Alternativa Social (MAS) aseguran que en vez de perseguir a los verdaderos delincuentes, Carrancá Bourget seguiría incriminando a integrantes de organizaciones sociales, a activistas, estudiantes, maestros, vendedores ambulantes y todo aquel que resulte “incómodo” para el gobierno estatal. Dentro de la institución autónoma han existido denuncias contra funcionarios corruptos que aceptan sobornos y que, lejos de dictar justica, el fiscal la hace de oídos sordos. Uno de los casos más pronunciados fue el robo de más de 8 millones de pesos al Departamento de Indicios. Un año después de la transformación de la dependencia, Carrancá fue designado por otros siete años más al frente de la fiscalía, por lo que su periodo terminaría hasta el año 2022. Ya con tres años al frente de la FGE, organizaciones civiles reportaron un aumento desmedido de feminicidios en el estado, siendo éste la principal queja para su destitución. En 2018, la cifra ya superaba los 600 casos, aunque cifras oficiales demuestren menos. Aunado a esto, la fiscalía a cargo de Víctor Carrancá ha sido calificada en múltiples ocasiones por índices nulos de acceso a la información, la última evaluación antes de su salida le otorgó el título por el peor desempeño a nivel nacional de acuerdo con el reporte de Impunidad Cero.
LICENCIA Y LLEGADA DE HIGUERA BERNAL
El 12 de septiembre de 2018, Víctor Carrancá Bourget solicitó licencia indefinida al Congreso para abandonar el cargo al frente de la fiscalía, dejando en su lugar a Gilberto Higuera Bernal. Con la “salida” forzada de Carrancá de la institución se planeaba la mejora de la misma que durante años perdió credibilidad ante los poblanos, sin embargo, en un año no se han podido lograr cambios que mejoren la perspectiva de la dependencia. A inicios de año, el actual titular de la FGE recibió la calificación reprobatoria en el Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal (ICEC), que realiza la asociación civil México Evalúa. Ahora, tras más de siete años de un declive en la confiabilidad de la institución, diputados del Congreso, que son mayoría morenista, buscarán retirar a los funcionarios para el gobierno entrante de Luis Miguel Barbosa.
