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En una movilización que busca anticiparse a las críticas y proteger la integridad del movimiento, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció que el partido solicitará formalmente a las autoridades federales de seguridad y al Instituto Nacional Electoral (INE) una revisión exhaustiva de sus perfiles para las elecciones intermedias de 2027. Durante su intervención en el programa “Los Periodistas”, Montiel detalló que esta estrategia busca detectar a tiempo posibles vínculos delictivos o actos de corrupción en los aspirantes a cargos públicos.
“Pasaremos la información a las áreas de seguridad para que nos digan que todos nuestros candidatos están en condiciones de competir”, sentenció, subrayando que no basta con un historial correcto, sino que deben cumplir con los principios de austeridad de la Cuarta Transformación.
Esta medida se presenta en un contexto de alta presión política, donde la dirigente denunció una narrativa impulsada por sectores conservadores y actores internacionales para golpear al movimiento. Montiel vinculó los recientes eventos en Chihuahua —donde acusó al gobierno local de invitar ilegalmente a agentes de la CIA— y los señalamientos contra funcionarios en Sinaloa como parte de una estrategia para desestabilizar al partido.
Al respecto, fue tajante: Morena no solapará a nadie y, si existe certeza de irregularidades, se actuará en consecuencia, pero advirtió que no permitirán que acusaciones sin fundamento dañen al proyecto en su conjunto.
De cara al fortalecimiento interno, Montiel destacó que el partido no debe confiarse a pesar de contar con un registro preciso de 12 millones de militantes y una estructura heredada del trabajo de Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán. El plan de acción incluye la consolidación de 70 mil comités seccionales y una campaña nacional que pretende visitar 30 millones de viviendas en todo el país.
Según la dirigente, el objetivo es mantener un movimiento “vivo y vigoroso” en el territorio, utilizando el periódico Regeneración como herramienta central para contrarrestar lo que considera campañas de desprestigio y asegurar que la población entienda que los programas sociales son derechos constitucionales intocables.
