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PARTE I
Exclusivas Puebla
En la historia moderna de Puebla, existen personajes ruines que han sido señalados por múltiples delitos y, pese a eso, siguen prófugos de la justicia y, algunos, continúan haciendo apariciones públicas, a pesar de las denuncias, carpetas de investigación y hasta órdenes de aprehensión.
La Cuarta Transformación en Puebla tiene uno de los retos más importantes en los últimos años, el de hacer cumplir la ley, independientemente del cargo que hayan ocupado estos personajes o los nexos que tengan con otros gobiernos u organizaciones.
Algunos de los personajes que aún siguen prófugos de la justicia se exponen a continuación:
José Juan Espinosa Torres: Presidente municipal de San Pedro Cholula en el periodo de 2014 a 2018, tiene dos denuncias en su contra por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
El actual diputado local fue acusado de un supuesto desvío de recursos por más de 100 millones de pesos.
Pese a las denuncias y señalamientos en su contra, Espinosa Torres no dudó en promoverse como aspirante a diversos cargos públicos para las pasadas elecciones, de los cuales no concretó ninguno.
Ignacio Salvador Hernández: Actual presidente municipal de Ajalpan, es señalado por presuntos nexos con bandas criminales que operan en la demarcación que supuestamente gobierna, pues sigue prófugo de la justicia.
Sus presuntos nexos con criminales salieron a la luz luego de un enfrentamiento de estas bandas en Ajalpan en marzo de 2020; luego de esto, el alcalde solicitó licencia al cargo por 90 días, supuestamente por problemas de salud.
Pese a estas versiones, su hijo, Leonardo Salvador Tirso, ocupó el cargo de alcalde suplente y, antes de que su padre fuera relevado, se anunció el regreso de Ignacio, sin embargo, ya no atiende desde Palacio Municipal.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha hecho diversos cateos a sus propiedades, empero nunca han podido detener al alcalde en funciones.
Juan Navarro Rodríguez: Ex alcalde de Ciudad Serdán, pesan denuncias en su contra por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por un presunto desvío equivalente a 600 millones de pesos.
Incluso, en abril pasado, la misma Auditoría amplió la denuncia presentada, pues descubrieron que un total de 10 empresas fueron utilizadas para el desvío de dicha cantidad.
Fue mediante la simulación de operaciones fiscales que el ex alcalde desvió los recursos.
Francisco Xabier Albizuri Morett: Titular de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte durante el gobierno de Antonio Gali Fayad. Sobre él pesan denuncias por los delitos de abuso de autoridad, fraude, peculado y tráfico de influencias.
Contra él existen otros dos procesos penales, uno por las obras de remodelación de la Avenida Juárez y otro por un presunto tráfico de influencias con la adquisición de un predio en la zona protegida del Tentzo.
Cabe mencionar que, tras la detención del magistrado Alfonso Siriako Guillén Almaguer, de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, se desconoce el paradero de Xabier Albizuri, quien permanece prófugo de la justicia.
Jorge Aguilar Chedraui: Ex presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Junto con otros personajes morenovallistas, es señalado de pertenecer a una red de empresas fantasma que fueron utilizadas para desviar 2 mil 580 millones de pesos.
Por otro lado, también detectaron irregularidades en la adquisición de servicios y compras que nunca se entregaron por un monto que asciende a 10 millones de pesos, mientras se encontraba al frente del Poder Legislativo local.
Ignacio Alvízar Linares: Titular de la Secretaría de Educación Pública durante el gobierno de José Antonio Gali Fayad, fue el protagonista de un escándalo por la expedición ilegal de Registros de Validación Oficial de Estudios (Revoes) de nivel de educación superior.
Más de 10 denuncias y 30 procesos iniciados en su contra pesan sobre este personaje, el cual sigue prófugo y libre de la aplicación de justicia en Puebla.
Se sabe que otorgó contratos a universidades y organismos públicos descentralizados, para que éstos a su vez contrataran servicios e insumos con empresas fantasmas, las cuales acababan regresando el dinero en efectivo a los funcionarios que habían autorizado esos gastos, previo el pago de comisiones entre los involucrados.
