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Los litigios por obras inexistentes en Puebla han derivado en sentencias que comprometen más de mil 100 millones de pesos del erario estatal, informó el coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, al detallar la situación legal que enfrenta actualmente el Gobierno del Estado.
El funcionario explicó que la administración estatal recibió más de 100 demandas relacionadas con contratos de obra que no fueron liquidados en su momento, algunos con una antigüedad de hasta 20 años. De ese universo, destacó que existen 10 litigios considerados de mayor impacto financiero, cuyo monto conjunto asciende a aproximadamente 3 mil 500 millones de pesos.
Precisó que tres de estos juicios, correspondientes a los años 2013, 2015 y 2023, ya cuentan con sentencia definitiva, por lo que se encuentran en proceso de análisis para buscar mecanismos de conciliación que permitan reducir el pago de intereses y mitigar el impacto en las finanzas públicas.
García Parra señaló que uno de los elementos centrales detectados es el esquema mediante el cual empresas y exfuncionarios avalaron conceptos de obra complementaria que no fueron ejecutados, los cuales se incorporaron posteriormente a las demandas, incrementando de manera significativa los montos reclamados.
Asimismo, indicó que se identificó la participación de grupos empresariales vinculados entre sí dentro de distintos procesos judiciales, situación que, afirmó, evidencia conductas reiteradas que serán revisadas por las instancias correspondientes.
El coordinador de Gabinete subrayó que, aunque algunas conductas pudieran haber prescrito legalmente por el paso del tiempo, el gobierno estatal no permitirá la impunidad administrativa ni política, por lo que se hará pública la información relacionada con las empresas y los exservidores involucrados.
Añadió que la Consejería Jurídica del Estado mantiene una defensa activa en cada uno de los litigios, con el objetivo de proteger el patrimonio público y transparentar el uso de los recursos, además de integrar los expedientes necesarios para proceder por la vía penal en los casos que así lo permitan las condiciones legales.
Finalmente, reiteró que la prioridad del Gobierno de Puebla es evitar que estos contratos irregulares continúen afectando a las finanzas estatales y, con ello, al bienestar de las y los poblanos.
Mariel Serrano
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