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Kennia Velázquez y Elizabeth Rosales / Proceso
El más reciente fichaje de The Coca Cola Company es Patricio Caso Prado, ex funcionario de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y del IMSS durante el sexenio de Peña Nieto. Tres años después de terminar su labor como servidor público, se sumó a las filas de la empresa como Senior Director of Government Affairs, según se lee en su cuenta de LinkedIn.
Él fue uno de los diseñadores de un polémico etiquetado frontal de alimentos que se implementó entre 2015 y 2020, pese las críticas de la Organización Mundial de la Salud, así como de investigadores, médicos y defensores de la salud alimentaria, pues argumentaban que beneficiaba a la industria refresquera y propiciaba un mayor consumo de azúcares.
Recientemente, la OMS publicó un documento en el que juzga este tipo de prácticas. Las define como “determinantes comerciales de la salud”, porque se trata de actividades de la iniciativa privada que afectan el bienestar de la población y que, en el caso de las bebidas azucaradas, pueden ser factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y problemas dentales.
El tema es de gran relevancia porque las bebidas azucaradas han tenido un papel fundamental en la precarización de la salud de los mexicanos. Son responsables de más de 24 mil muertes cada año, según reportó el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en 2020. Además, entre hombres y mujeres menores de 45 años, causan 22 y 33%, respectivamente, del total de muertes vinculadas con los males antes mencionados.
Etiquetado con sabor a Coca Cola
México es el país que más bebe refrescos en el mundo, con un consumo anual promedio de 163 litros por persona, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Una de las razones es que los diferentes gobiernos han permitido que estas bebidas se distribuyan en escuelas, hospitales y eventos deportivos, entre otros, y no han informado adecuadamente a la población sobre los riesgos que conllevan.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la ingesta de azúcares añadidos no sobrepase 10% del total de energía de la dieta; sin embargo, en México, entre el 66 y 91% de la población ingiere más de esa cantidad a través de azúcares añadidos. Las bebidas azucaradas son responsables de, al menos, 70% de ese sobreconsumo. Como consecuencia, un 7% de los fallecimientos anuales en adultos se atribuyen a estos productos, informa el INSP.
El gobierno de Peña Nieto implementó la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, con Mercedes Juan López al frente, quien fungía como secretaria de Salud. Como parte de su plan de trabajo, en 2015 anunció que implementaría un etiquetado para alimentos y bebidas ultraprocesados.
Sin embargo, la OMS recomendó que no se aplicara tal etiquetado porque iba en contra de la estrategia contra la obesidad, pues tenía “el riesgo de mal informar al consumidor”, ya que promovía el consumo de azúcares añadidos y el cuerpo humano no los necesita; “en México encontramos estos tipos de azúcar en los refrescos embotellados y en los jugos de ‘fruta’ o de concentrados de fruta”. Además, según se lee en un par de cartas dirigidas a la funcionaria, “son los involucrados directamente en sobrepeso, obesidad y daños a la salud”. La organización, incluso, ofreció apoyo técnico de especialistas para el diseño de dichas etiquetas.
Mercedes Juan rechazó la propuesta de la OMS y optó por encargar el diseño del etiquetado a dos abogados y una maestra en ciencias ambientales, todos empleados de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). El principal responsable era Patricio Caso Prado, que en ese momento era asesor jurídico de la dependencia.
Ese etiquetado únicamente indicaba la cantidad de azúcares totales sin ninguna explicación, lo que podía representar confusión en la población, explica Javier Zúñiga, abogado de El Poder del Consumidor. En su opinión, esto beneficiaba particularmente a empresas como Coca Cola, pues les permitía reportar un porcentaje menor de azúcar en comparación al que realmente utilizaban.
El INSP también recomendó no seguir adelante con dicho etiquetado. “Les dijimos que era un sistema hecho por la industria, que estaba basado en criterios engañosos, difíciles de comprender, que no habían demostrado ningún impacto en mejorar la alimentación o las elecciones de los consumidores, que no protegía a los consumidores de alimentos poco saludables”, recuerda Simón Barquera, director del Área de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición de esta institución académica.
Ante las críticas, Patricio Caso defendió su etiquetado y los comentarios, tanto de la OMS como de los expertos, fueron desatendidos por Cofepris, acusa Barquera; incluso, en las reuniones para discutir la norma, excluyeron a los académicos y únicamente se permitió la participación de gente de la industria refresquera.
La intrusión de Coca Cola en Cofepris quedó documentada en una serie de correos electrónicos que intercambiaron funcionarios de la dependencia y directivos de la empresa en mayo de 2016.
