Pidió reconsiderar la aprobación de la ley, toda vez que prohíbe y criminaliza las protestas sociales
Infobae
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó de “preocupantes” las modificaciones a la ley en Tabasco en lo referente a la “Ley Garrote”. En una carta firmada por tres relatores especiales y dirigida al Estado mexicano, la ONU expresó su preocupación por la reforma que castiga hasta con 20 años de prisión a quien impida la ejecución de obras públicas o realice bloqueos en las calles. La misiva critica las modificaciones al Código Penal del estado, en los artículos 196, 299 y 308 Bis, y le pide al gobierno de Tabasco que se ciña a los compromisos internacionales concernientes a la garantía de los derechos humanos. Los relatores de la ONU señalaron que la nueva ley es muy general, por lo que puede fomentar la criminalización de la protesta social.
Con las nuevas reformas, el artículo 196 Bis establece que cualquier persona que carezca de facultad legal e “impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas” recibirá una pena que va de seis a trece años de prisión, y una multa de 1.000 a 2.000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La condena se aplicará también a quien “obstruya el acceso de personal o de maquinaria” en las obras públicas, según específica el artículo 299. El artículo 308 impone una pena de ocho años de cárcel y una multa de 80 a 200 veces el valor de la UMA a quien obstruya, interrumpa o dificulte el servicio público de comunicación a través de la obstaculización de alguna vía local de comunicación. David Kaye, Clement Nyaletsossi Voule y Michel Forst firmaron la carta, en la cual se dijeron preocupados por el corto tiempo que se tuvo para analizar las reformas a la ley y que le impidió a la sociedad civil y expertos internacionales analizarla. “Entendemos que el objetivo principal es reducir la corrupción y la criminalidad (…) sin embargo, nos preocupa el efecto que dicha reforma tendrá en el disfrute de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica”, señalan en la carta. Ante ello, le pidieron al gobierno “reconsiderar si el uso del derecho penal es un medio adecuado para lograr dicho objetivo, tomando en cuenta que tiene como consecuencia la prohibición y criminalización de las protestas sociales”, se lee en la carta.
