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Tras prevenir su probable detención promueve y logra amparo federal
Exclusivas Puebla
Blanca Laura Olliver Palacios, jueza de lo Penal de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, ha promovido y ganó un amparo ante la justicia federal para impedir que pueda ser detenida por las autoridades poblanas, por haber liberado a presuntos cómplices de Marco Antonio “N”, alias “El Negro”.
El sujeto es considerado por el Gobierno de Puebla como uno de los más buscados por la venta de drogas en la entidad. De Esta manera la jueza de lo Penal de la Región Judicial Centro, Blanca Laura Ollivier Palacios, con sede en Puebla, obtuvo el amparo de la justicia federal.
El también llamado “El Gordo” o “El Bombón”, había sido detenido junto con dos de sus cómplices, Carlos N., de 34 años de edad, y Alicia N., de 32, en inmediaciones de la colonia La María.
Sin embargo, cuando llegó el caso a manos de la citada jueza, ella concluyó en su análisis y con base a las evidencias presentadas, que no era creíble que los imputados vendían droga al momento de su detención, cuando en la declaración presentada, aseguró la jueza en ese entonces, los agentes no midieron los tiempos de llegada al punto donde estaban los imputados “vendiendo” drogas, al momento en que arribaron en el momento de la venta o transacción de los enervantes.
La decisión de Blanca Laura fue criticada por el propio gobernador en una de sus más recientes conferencias de prensa, en la que dijo que lamentaba mucho que “en Puebla hay jueces coludidos con el crimen organizado”
Y tras lanzar la advertencia de que su gobierno va a actuar en consecuencia: “Vamos a revisar que los jueces y ministerios públicos estén actuando con absoluta legalidad y no haya colusión con el crimen”, la ahora imputada tomó esa declaración como una advertencia a su actuar, por ello recurrió de manera inmediata para evitar cualquier acción de la justicia en su contra, promoviendo y consiguiendo un amparo ante la Justicia Federal.
La Jueza asegura que actuó con base en las evidencias y declaraciones presentadas para detener a los imputados, encontrando inconsistencias en las mismas, por lo que estimó que era poco creíble el proceder casuístico de los agentes, sobre el hecho en cuestión, lo que para ella ponía en duda la veracidad de los hechos declarados por los agentes.
Cabe mencionar que la Fiscalía General del Estado (FGE) y otras instancias de seguridad en el estado no han procedido adecuadamente en la detención de criminales, mucho menos en los protocolos a aplicar en un cateo u operativo, pues se han cometido errores que, a la larga, le cuestan a la justicia poblana mucho dinero, pues se pierden juicios y se liberan a sujetos, echando a la borda el trabajo realizado. Pero también el estado quiere analizar el criterio legal que se usó para la liberación de potenciales criminales, para lo cual también procederá en consecuencia.
