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Forbes / El Financiero
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, anticipó que la reforma que prohíbe el outsourcing tendrá carácter preferente en la Cámara de Diputados, por lo que se prevé que antes de que concluya febrero quede aprobada la nueva regulación para ese esquema de subcontratación.
Al inaugurar este miércoles un ciclo de cinco foros titulado “Diálogos Nacionales sobre la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) de las Empresas”, señaló que, en la víspera del inicio del periodo de sesiones en el Congreso, se inician estos foros para poder llegar a acuerdos en torno a la iniciativa presidencial que busca erradicar las “prácticas abusivas” en la subcontratación.
“La idea, como ya lo habíamos mencionado, es que pudiese una vez que inicien las sesiones del Congreso, en este caso específico de la Cámara de Diputados dado que se trata de la cámara de origen, señalar la iniciativa como preferente, esto genera, digamos, da la prioridad y establece un plazo de 30 días para que en el seno del Congreso se pueda discutir la iniciativa y en su caso aprobar”, expuso Alcalde.
Subrayó que el objetivo de los foros es hacer una revisión exhaustiva del PTU en el caso de sectores de la economía que hacen uso intensivo de capital humano y que es donde pudiera existir algún tipo de desequilibrio en el pago de PTU y que podría afectar la competitividad y productividad de las empresas.
La secretaria dejó en claro que los foros no han sido convocados para discutir ni para cuestionar el derecho constitucional de los trabajadores al PTU, como tampoco está a discusión el porcentaje de 10 por ciento de dicho PTU que hace unos meses fue aprobado de manera tripartita.
“De lo que se trata es de entender el problema de las distorsiones que pudiera generar el PTU en sectores y buscar cómo y sin mermar ningún derecho de los trabajadores se pudiera en su caso reformar la Ley Federal del Trabajo para evitar la pérdida de competitividad de las empresas”, aseguró.
En el primer día del ciclo de foros, se aborda la problemática de los sectores automotriz y manufactura que son medulares en la economía y que en su conjunto representan 15.6 por ciento del PIB y generan ocho millones 600 mil empleos.
Reforma al outsourcing ya tiene lugar en la agenda de San Lázaro
En la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados los legisladores dicen estar listos ya para agilizar el análisis de la iniciativa preferente en materia de subcontratación; que si bien aún no ha llegado el dictamen, “lo más importante es que ya tiene lugar en la Agenda Legislativa del periodo Ordinario de Sesiones”, afirmó la secretaria de dicha comisión, la diputada de Morena, Anita Sánchez.
En entrevista sostuvo “sí o sí la iniciativa se va a aprobar”, por lo que hay comunicación directa con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y se están haciendo los ajustes pertinentes para que no quepan dudas sobre el uso de la subcontratación en servicios especializados, como tampoco en la manera en la que se cubrirán el pago de utilidades.
De acuerdo con el diputado Isaías González Cuevas, integrante de la Comisión, ya se tiene una propuesta pues “ya tenemos un dictamen que se está afinando, sobre todo después de las reuniones con el sector patronal para atender sus preocupaciones, y equilibrar la propuesta que sin duda busca eliminar las malas prácticas de la subcontratación”.
Los puntos que se tenían que detallar son: el objeto social, que confundía a las empresas justo para realizar el pago de utilidades; definir bien la contratación de subcontratación como servicio especializado, las multas y sanciones, y la aplicación de la reforma.
Asimismo, los legisladores coincidieron en desconocer las razones por las que ayer los senadores Ricardo Monreal y Rogelio Zamora declararon en medios que la discusión podría darse hasta después de las elecciones, pues continúan las reuniones para ir detallando los ajustes.
Sindicatos defienden el reparto de utilidades
Las organizaciones sindicales del Congreso del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de México, Sindicato Minero, Sindicato de Volkswagen, del Sindicato de Nissan, de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), de la Federación Sindical del sector Asegurador, que han participado en los foros convocados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para conocer “las distorsiones” en el pago de utilidades, han manifestado que es un derecho laboral consagrado en la Constitución que debe mantenerse, y en todo caso, sólo tomar acuerdos con las empresas a la hora de establecer el pago anual.
Durante su participación expusieron que “en la CTM está claro que lo queremos es llegar acuerdos, firmar tripartitamente, como lo hicimos las semanas pasadas; creo que lo que viene es lo fundamental, sobre todo porque por la pandemia sabemos que muchas empresas no tendrán utilidades”, dijo Carlos Aceves del Olmo, dirigente de la CTM y del Congreso del Trabajo.
Por su parte el dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, apuntó que los trabajadores deben mantener el pago de utilidades; además, de evitar que exista subcontratación.
El también diputado del PRI dijo que “vamos a apoyar la iniciativa del Ejecutivo”, se trata de una iniciativa que contempla varias reformas, “y ahí armoniza todas estas leyes para evitar que se sigan perjudicando los derechos de los trabajadores y también incumpliendo con los derechos al fisco”.
Dijo que esta iniciativa es importante y “no le deja espacio para que se siga violando los derechos de los trabajadores, pero también está armonizada con los convenios de la OIT, también ahí esta iniciativa viene a fortalecer la LFT, vamos a cumplir con lo que establecen los convenios de la OIT y vamos a cumplir con lo que viene establecido en el T-MEC”.
En materia del reparto de utilidades, es un derecho de los trabajadores y como tal se debe respetar, “estamos de acuerdo de que el reparto de utilidades siga como está en la Constitución”, explicó el legislador.
Diversos sindicatos de todas las corrientes (CTM; CROM, CROC, UNT, CT) se manifestaron por:
- a) Fijar un piso y no un máximo para determinar el pago de PTU.
- b) Mantenerlo como un derecho plasmado en la Constitución.
- c) Eliminar la subcontratación (outsourcing) que reduce los derechos laborales.
- d) Apoyo total a la iniciativa de reforma del Ejecutivo.
Sólo las organizaciones sindicales: FENASIB (Federación Nacional de Sindicatos Bancarios); FNSI ( Federación Nacional de Sindicatos Independientes); FTSA (Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos) se manifestaron a favor de tomar acuerdos sobre los montos que se deben pagar sobre PTU y permitir la subcontratación, respetando los derechos laborales.
Es preciso recordar que, en noviembre, López Obrador envió una iniciativa de ley que limita la subcontratación u outsourcing en el país. Sin embargo, ante el descontento de empresarios con las modificaciones, el gobierno federal pidió –por medio de una carta– a los legisladores posponer la discusión y la dictaminación de la propuesta hasta febrero de 2021, cuando comienza el siguiente periodo ordinario, con el fin de realizar mesas de trabajo con la IP.
Una vez que llegue la iniciativa a San Lázaro será turnada a las comisiones unidas del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público para dictaminar.
Mientras, la diputada Martha Angélica Zamudio, comentó que la bancada de Movimiento Ciudadano propuso que una vez que llegue la iniciativa, se haga parlamento abierto sobre el tema, en donde participen las secretarías del Trabajo y de Economía.
“Estamos viendo la posibilidad de que existan mesas de parlamento abierto tanto con la secretaría de Economía como con la del Trabajo. Existe la posibilidad de que existan abusos, pero estamos porque se regule (el outsourcing), pero que no se extinga, porque afectaría al trabajo, habría más comercio informal”, comentó.
En tanto, el diputado por el PRD Antonio Ortega comentó que están esperando a que desde presidencia se redacten las conclusiones y propuestas que se obtuvieron de las mesas de trabajo entre la Secretaría del Trabajo y los empresarios.
