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Daniela Rojano
El Partido del Trabajo presentó una iniciativa para castigar la ciberviolencia con prisión y cubrir una condena de hasta 10 años cuando se aplique en contra de mujeres y niños, delito que implica el robo, alteración o distribución de material audiovisual sin el consentimiento de la víctima.
Esta propuesta pretende modificar la Ley para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de la Administración Pública y el Código Penal.
Se incluyen las definiciones de Ciberviolencia Política en Contra de las Mujeres en Razón de Género, Sicariato Digital, Terror Psicológico y Ciberviolencia psicofamiliar.
“Es la violencia en contra de las mujeres perpetuada en el espacio digital utilizando el internet, redes sociales, tecnologías digitales, tecnologías de la información y la comunicación (TICs), inteligencia artificial y sistemas, redes o empresas de telecomunicaciones, con el objeto de ejercer intervención, hackeo, espionaje, denostación, persecución, amedrentamiento, ataque basado en estereotipos, amenazas o insultos, ciberacoso, difusión de imágenes sin consentimiento, robar, copiar, suprimir, sustraer, alterar, usar, transmitir o destruir información de datos personales, alterar datos electrónicos, suplantación de identidad, terror psicológico digital, ciberviolencia psico familiar y sicariato digital”, es lo que se establece por Ciberviolencia Política en Contra de las Mujeres en Razón de Género.
Las penas por ejercer ciberviolencia va de 3 a 6 años de cárcel, pero si se trata que el caso va dirigido a mujeres y niños, y el responsable será un político la pena se elevará hasta 10 años.
“A quien intervenga, robe, copie, altere, distribuya, compre o venda datos, imágenes, audios o videos de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones o cualquier espacio digital, sin el consentimiento de la víctima, con el objeto de causar daño, perjudicar, ofender o ejercer cualquier tipo de violencia, se sancionará de tres a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces diario vigente de la Unidad de Medida y Actualización”, se estableció.
La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública indica que la Secretaría de Seguridad Pública debe apoyar a la Fiscalía del Estado en la investigación de los casos con el apoyo de la Policía Cibernética.
