Los deudos del migrante asesinado encaran al gobernador por la inoperancia de Carlos Zamarripa al frente de la FGE de Guanajuato
HUFFINGTON POST/Jaime Bravo
Guanajuato. La impunidad en el asesinato extrajudicial de un joven migrante de 23 años en San Miguel de Allende, a manos de policías estatales, ha movilizado a sus familiares, amigos e integrantes de la comunidad residente en Estados Unidos para exigir justicia, ante el ‘carpetazo’ que la Procuraduría General de Justicia – hoy Fiscalía Estatal- le dio al caso. El asunto ha subido de nivel luego de la designación automática de Carlos Zamarripa Aguirre, como el primer titular de la naciente Fiscalía General del Estado de Guanajuato, pues su dependencia decidió no iniciar investigación alguna al apegarse sólo a la versión de los agentes que ultimaron a Leonardo Reyes Cayente.
El joven visitaba anualmente a su familia, pero esta costumbre se vio interrumpida el pasado 13 de diciembre, en vísperas de la festividad de la comunidad de Corralejo de Abajo. Fue ejecutado por agentes de la Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, que argumentaron haber sido agredidos por tres personas en la zona donde Leonardo trataría de comunicarse con su novia. El caso no ha tenido mayor evolución, pues el gobierno del panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo asumió la defensa de sus elementos de seguridad, a través de su vocera y Coordinadora de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana, Sophia Huett, quien afirmó que los policías actuaron conforme a los protocolos de reacción.