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Mariel Serrano
Víctor César Tello Zagoya solicitó ante medios de comunicación la revisión de la situación jurídica de Guillermo Tello Zagoya, su hermano, quien fue vinculado a proceso por el delito de comisión por omisión con relación al homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.
De acuerdo con la familia, el proceso lleva 10 meses.
La familia Tello Zagoya informó que dirigió una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para solicitar la revisión del caso. En el documento, exponen que Guillermo Tello Zagoya se desempeñaba como escolta del alcalde de Uruapan y que cuenta con aproximadamente un año de servicio en dicha función.
Según lo declarado por su hermano Víctor César Tello Zagoya, quien se identificó como bombero del Estado de Puebla y servidor público, su familiar se encuentra privado de la libertad en el penal de alto impacto de Morelia, Michoacán. La causa penal referida es la 1920/2025, actualmente en espera de audiencia en etapa intermedia.
La familia señala que la defensa inicial fue asignada por parte del municipio de Uruapan y que posteriormente decidieron revocarla para designar una defensa particular.
De acuerdo con el testimonio ofrecido, la familia considera que Guillermo Tello Zagoya es inocente y que no tuvo vínculo con los hechos investigados.
Refirieron que su labor se limitaba a funciones de seguridad y acompañamiento.
Asimismo, manifestaron preocupación por su estado de salud, al referir un padecimiento lumbar, y solicitaron garantías para su integridad física. Hicieron un llamado a las autoridades competentes, incluido el gobernador del Estado de Puebla, Alejandro Armenta, para que el caso sea revisado conforme a derecho.
El caso está relacionado con los hechos ocurridos en torno al presidente municipal de Uruapan, licenciado Carlos Alberto Manzo Rodríguez. De acuerdo con lo informado por el representante de la familia y su abogado, son siete escoltas los que han sido señalados dentro de esta investigación.
La familia indicó que hasta el momento no han tenido acercamiento con instancias de derechos humanos en Puebla y que esta es la primera vez que exponen públicamente la situación.
Los familiares reiteraron su confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia para que se esclarezca la situación jurídica. Indicaron que la carta dirigida a la Presidencia de la República será entregada por las vías institucionales correspondientes, con el objetivo de que se analicen las pruebas que, según su postura, acreditan la inocencia.
