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Dos años de impunidad hacen evidente la falta de acceso a la justicia para las mujeres en el estado de Puebla.
Exclusivas Puebla
Han pasado 730 días desde el asesinato de la médica Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 15 de mayo de 2018 en la ciudad de Puebla y diversos organismos y colectivos de la sociedad civil exigen justicia.
De esta manera, las agrupaciones Católicas por el Derecho a Decidir A.C.; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD) A.C., Justicia Pro Persona A.C. y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), le piden a las autoridades estatales y, en especial, a la Fiscalía General del Estado (FGE), a que aceleren las investigaciones del caso para hacer justicia a Zyanya. En un desplegado, dejan en claro varios puntos:
A 17 mil 520 horas de su asesinato, su familia ha tenido únicamente como respuesta, la demora en los actos de investigación, la falta de debida diligencia y la ausencia de perspectiva de género tanto en la investigación como en los peritajes necesarios para llegar a la verdad de los hechos.
A pesar de tratarse de una muerte violenta, desde el momento en el que ocurrieron los hechos, se inició la investigación como un suicidio y no como un probable feminicidio, tal como lo señala la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derivada del amparo en revisión 554/2013 por el caso de Mariana Lima Buendía, donde establece que: “todo caso de muertes de mujeres, incluidas aquellas que prima facie parecería haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y algunos accidentes, deben analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de la muerte”. Por lo que las autoridades de procuración de justicia del estado de Puebla están incumpliendo con su obligación de investigar con perspectiva de género.
La inexistencia de un plan de investigación con perspectiva de género ha tenido como consecuencia que hasta la fecha, las autoridades de procuración de justicia mantienen el suicidio como la principal hipótesis del caso, a pesar de existir pruebas que hacen inferir la existencia de un feminicidio.
Se han documentado diversas omisiones e irregularidades en la investigación, entre las que destacan la falta de la correcta intervención en el lugar de los hechos, ya que el levantamiento de indicios y evidencias que se realizó fue muy deficiente, y prácticamente lo único que se obtuvo como indicio del lugar, fue el cuerpo de Zyanya, así como la bufanda con la que supuestamente se quitó la vida.
No hubo una búsqueda exhaustiva de mayores indicios. Fue hasta seis meses después del hecho, cuando se realizó una inspección ocular del lugar de los hechos por peritos criminalistas de la Fiscalía, pero a la fecha, se desconoce el resultado de dicha diligencia y si se ha investigado a algún servidor público por las omisiones identificadas en la investigación.
Por otro lado, el dictamen de necropsia tiene muchas deficiencias y omisiones. Las lesiones identificadas en el cuello presentan características particulares que tampoco fueron descritas claramente en el dictamen y que no son consistentes con una mecánica de ahorcamiento suicida, por lo que desvirtúa esa hipótesis y sostiene la de un probable feminicidio.
Existen diversas lesiones que podrían clasificarse de infamantes y degradantes, que tampoco han sido descritas en el dictamen de necropsia, por lo que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) tuvo una reunión con los peritos médicos responsables de la elaboración de la necropsia y con los Ministerios Públicos responsables de la investigación, con quienes se acordó ampliar y corregir el dictamen de necropsia, para incorporar la perspectiva de género en su realización.
Ésta es una prueba fundamental para la investigación; sin embargo, hasta la fecha no se ha logrado corregir dicha actuación y persisten inconsistencias en la descripción de los signos y lesiones que presenta el cuerpo de Zyanya, argumenta el Observatorio Ciudadano que ha investigado el caso desde que éste se dio a conocer de manera pública, revisando el expediente en todos sus términos.
Además, el OCNF ha realizado un dictamen independiente en materia de medicina forense, que evidencia que existen graves inconsistencias en el dictamen de necropsia que desvirtúan la hipótesis de suicidio, por no coincidir con una mecánica suicida.
Por otra parte el dictamen en criminalística es deficiente e incompleto, pues es un informe de procesamiento de indicios, que no aporta mayores elementos para comprender la forma en la que ocurrieron los hechos, de igual forma, la mecánica de lesiones presentada por la Fiscalía no es consistente con el número y ubicación con las que presenta el cuerpo de Zyanya, entre otras omisiones.
Por otra parte, al no existir peritajes psicosociales, de antropología social, ni de análisis de contexto en la investigación, se ha solicitado formalmente su realización para identificar la existencia de violencia previa contra Zyanya, que pudiera tener relación con su muerte. Las investigaciones propuestas por la Ministerio Público responsable del caso se centran en la realización de peritajes, como la necropsia psicológica, que buscan determinar subjetivamente la personalidad de Zyanya, y que por tanto resultan estigmatizantes, discriminatorios y carentes de perspectiva de género, pues buscan desentrañar la vida y personalidad de la víctima, sin que ella tenga voz para defenderse.
Por ello, hemos insistido en que es un peritaje que no tiene que realizarse en una investigación de feminicidio. Por otra parte, los dictámenes de análisis de contexto se han centrado en la dinámica laboral de Zyanya, lo que poco aporta para entender la forma en que fue privada de la vida. Todo ello evidencia que la investigación está llena de fallas y deficiencias que a la fecha no se han corregido, concluye con la investigación realizada por estos colectivos.
