Por los números históricos de violencia en procesos electorales, los expertos prevén que la violencia política será un factor relevante en el actual proceso; alertan que ningún partido se escapa.
Expansión Política
En la primera semana del año, México vivió los primeros asesinatos contra actores políticos que aspiraban a contender en las elecciones del 2 de junio de este 2024, lo que augura –otra vez– campañas en medio de la violencia en contra de dirigentes, aspirantes, precandidatos y candidatos; los datos de firmas consultoras lo confirman, la violencia se ha incrementado en cada proceso y a nivel municipal se presenta el mayor riesgo.
“Es altamente probable que 2024 sea el año con mayor número de agresiones y asesinatos a candidatos y precandidatos en la historia del país”, alerta Armando Vargas, consultor senior en la Unidad de Riesgo Político de Integralia.
Históricamente, el blanco de los ataques ha sido contra personajes que ocupan cargos municipales o aspiran a ser alcaldes, regidores o síndicos; ahí se concentra más de 71% de los casos. Y por partido, en los últimos seis años los más atacados están vinculados a Morena, los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) o a sus gobiernos.
“La violencia criminal ya está en nuestras elecciones y mal se haría en negar este peligro que acecha a la más grande de nuestras prácticas democráticas”, concluyó el Instituto Nacional Electoral (INE) en su “Crónica del Proceso Electoral 2017-2018 junio 2018.”
Ahora, en el actual proceso electoral, expertos en violencia política advierten que éste será el más violento, de entrada porque con 20,367 cargos a elegir, estarán en circulación más de 50,000 aspirantes a diversas posiciones.
Además, porque se renovarán presidencias y cargos municipales en 30 de 32 entidades y es ese nivel de gobierno donde el crimen organizado, que se considera principal instigador de la violencia contra los políticos, centra sus agresiones.
Del total de los cargos a elegir 19,739 serán locales. De ellos 18,200 en la célula territorial básica del Estado mexicano: 1,802 alcaldías o presidencias municipales (sólo en Durango y Veracruz no se elegirán este año), 1,975 sindicaturas, 14, 423 regidurías y 431 cargos auxiliares.
También estarán en juego ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la ciudad y 1,098 diputados de congresos locales.
Y la evolución de la violencia contra los políticos ha ido in crescendo, precisamente, entre candidatos, la mayoría a munícipes y alcaldes, lo que ha sido documentado por diversos think thank especializados, que con enfoques y metodologías diversas han analizado la problemática.
La consultora Integralia documentó 30 asesinatos de candidatos y aspirantes en ocho años, de las elecciones de 2008 a 2015. En el proceso electoral federal y locales de 2018 fueron 48 los asesinados, aunque sólo 41 de acuerdo al reporte del INE sobre ese proceso.
Esa misma firma contabilizó que en el proceso de 2018 –en que además de elección federal hubo relevo de 1,596 ayuntamientos– se presentaron 12 asesinados contra personas del PRI, 11 del Partido de la Revolución Democrática (PRD), seis de Morena, cinco del PAN, cinco de Movimiento Ciudadano (MC), tres independientes, dos del Verde (PVEM) dos de Encuentro Social (PES), uno del Trabajo (PT), y otro de otra fuerza política local.
En las elecciones intermedias de 2021, las más recientes, la cifra casi se cuatriplicó: fueron ultimados 179 políticos, entre ellos 36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular. Y de ellos, 64% buscaban ser o reelegirse como presidentes municipales.
Si se consideran las agresiones y atentados contra políticos que no terminaron en deceso, el número se quintuplicó a 239 entre 2018 y 2021, según el mismo centro de análisis, cuyo especialista, Armando Vargas, aclara que para Integralia la violencia política es entendida como agresiones o los asesinatos hacia los candidatos y candidatas.
Al añadirse otro tipo de violencia, ejercida no sólo contra abanderados, sino funcionarios de gobierno, legisladores y operadores políticos, en 2021 fueron un total de 1,066 actos violentos, de acuerdo con datos de la consultora Etellekt.
Desde otro enfoque, con una metodología que incluye, a diferencia de Integralia y Etellekt, a actores políticos pero también a servidores públicos y funcionarios del ramo de la seguridad pública, además de colaboradores y familiares de políticos y servidores públicos, México Evalúa en colaboración con Data Cívica, y el Programa para el Estudio de la Violencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) han desarrollado el proyecto Votar entre Balas.
El dato consolidado de 2018 a noviembre 2023 arroja 1,564 agresiones, atentados y homicidios. De ellos 71% fueron contra personas con aspiraciones o cargos a nivel municipal.