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El alcalde panista en diversas ocasiones ha sido denunciado por varias anomalías durante su primer año de administración
Eduardo Sánchez
La administración municipal del panista Guillermo Velázquez Gutiérrez en Atlixco ha sido señalada en diversas ocasiones por su implicación en diversos delitos como delincuencia organizada, delitos electorales y contra el patrimonio municipal, sin que el edil haga algo al respecto. Durante el pasado proceso electoral extraordinario, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, denunció que algunos grupos de choque que buscaron boicotear la campaña de Luis Miguel Barbosa se refugiaban en el municipio de Atlixco. Uno de los desestabilizadores es un operador de José Cristian N, alias “El Grillo”, líder del Mercado Morelos, acusado de homicidio y a quien Biestro señaló de estar protegido por el edil, aunado a eso, aseveró que el PAN contaba con el respaldo de los gobernadores de Jalisco y Guanajuato para boicotear los comicios del pasado 2 de junio.
En este problema también se vio involucrado el ex edil y hermano de Guillermo, Felipe Velázquez, quien presuntamente habría pagado hasta un millón de pesos a los alborotadores. Este ex funcionario había recibido una inhabilitación y una sanción de 4 millones 45 mil pesos por parte de la Contraloría Municipal luego de que se detectaran irregularidades como la dispensa de áreas de donación, entrega irregular de permisos para fraccionamientos y condominios, contratación de personal sin el perfil adecuado y probable daño patrimonial al Ayuntamiento de San Andrés Cholula, esto mientras fue secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. Fuentes al interior de la Comuna de Atlixco señalaron que existe un desvío de recursos por parte del Ayuntamiento, mediante Felipe Velázquez y su esposa, una de las razones por las cuales el edil ha sido sometido a auditorías tan sólo en los primeros seis meses en el cargo. Pero Velázquez ha sabido sobrellevar estas acusaciones, inclusive las denuncias contra su gabinete han continuado, pero el alcalde evita a toda costa hablar sobre el tema.
Tal es el caso del secretario de Seguridad Pública, Gustavo Ramírez Romero y el secretario de Gobernación, José Antonio Montiel, cuyos nombres aparecieron en unas narcomantas encontradas en las zonas norte y sur de Atlixco a mediados de año. Ante estos señalamientos, los funcionarios fueron convocados a la Fiscalía General del Estado (FGE) para hablar sobre la aparición de sus nombres en una de las dos mantas. De acuerdo con el columnista Rodolfo Ruiz, tras estos hechos se presumió que el secretario de Seguridad Pública del estado, Manuel Alonso García, había planteado al alcalde panista la conveniencia de hacer cambios, aunque éstos no sucedieron. A la lista podemos sumar a Eduardo Santoyo, encargado de Tránsito y Vialidad Municipal, pues elementos de dicho departamento señalaron que el funcionario no había pasado por exámenes de control y confianza que todos los elementos deben cursar para evitar la corrupción. Además, también denunciaron que el nuevo encargado acudía en horario laboral a un bar del municipio, dejando de lado su labor como servidor público.
SOAPAMA, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
Edgar Moranchel, director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco (Soapama), también ha sido involucrado en supuestos casos de corrupción al interior de la institución, pues ha dado prioridad en la contratación de empresas panistas. En una petición ante el Congreso del Estado para la destitución de Guillermo Velázquez se presentaron denuncias por los sobrecostos del Soapama en la contratación de distintos servicios, por ejemplo: actualmente el servicio de limpieza fue contratado a una empresa propiedad del panista Luis Alberto Cortés. Esta empresa cobra mensualmente 87 mil pesos, mientras que la pasada administración sólo pagaba 38 mil 32 pesos.
Luis Alberto también brinda servicios de asesoría y planeación de limpieza y otros cobros, como productos de limpieza y 20,000 pesos por el papel de baño. El costo por un plan municipal fue de un millón de pesos, cuando normalmente rondan los cien mil, esto, sin contar que fueron los empleados del Soapama quienes lo elaboraron. Montiel también ha dado una oficina a Luis Alberto dentro de la institución, pese a estar prohibido por ser sólo un proveedor. Montiel también ha dado facturas que van desde los 4 mil pesos hasta los 40 mil, esto sólo por comida, acude a los mejores restaurantes para pagar con dinero del erario. Por todo esto, Edgar estuvo a punto de ser llamado a comparecer por las cuentas del Soapama, pero de último minuto fue salvado por regidores panistas. El papel de Guillermo Velázquez como presidente municipal ha dado de qué hablar, así como ha quedado a deber. ¿Por qué estos casos han quedado en la impunidad?, ¿acaso ninguno ha llegado a oídos del edil por encontrarse en algún viaje o la investigación de estos hechos podría comprometerlo aún más?
