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Exclusivas Puebla
El Congreso de Estado, aprobó por unanimidad las reformas al Poder Judicial de Puebla, iniciativa que envió el gobernador Miguel Barbosa Huerta y que incluye el principio de paridad de género, la posibilidad de que 23 mil ciudadanos impugnen leyes estatales y prohíbe la reelección del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
De forma unánime, el pleno Congreso del Estado aprobó por unanimidad de votos la reforma al Poder Judicial que propuso el gobernador Miguel Barbosa Huerta, dicho dictamen fue avalado previamente en las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En la sesión plenaria de este jueves 6 de octubre los diputados y diputadas locales avalaron una serie de modificaciones a la Constitución Política del estado de Puebla, en específico los artículos 12, 37, 57, 61, 86, 87, 88, 90, 91 y 94.
Esta es una de las reformas más importantes de la LXI Legislatura local a propuesta del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien se comprometió desde el inicio de su gobierno con el combate a la corrupción y a un mejor sistema de impartición de justicia.
En su intervención, el coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, destacó que “no podemos regatearle, ni escatimarle ningún tipo de reconocimiento porque lo hace como un tipo de forma respetuosa ante este pleno y sin duda tiene esa visión en donde se lucha contra la desigualdad, gobernador Miguel Barbosa pasará a la historia con la autoría de esta gran iniciativa”, comentó.
El dictamen contiene las causales para sancionar a magistrados y consejeros de la Judicatura por denegación grave de justicia, incumplimiento doloso a los supuestos de impedimento judicial o por violaciones a las reglas de conflicto de interés.
Con estas modificaciones, se precisa que el Congreso no procederá de facto a la destitución de magistrados, sino que se iniciará un procedimiento de responsabilidades que será sustanciado y resuelto por el Consejo de la Judicatura, debiendo informar de esto al Legislativo para que imponga sanciones.
