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Sus ayuntamientos aplican cobros excesivos y desproporcionados por expedir copias simples o certificadas de documentos oficiales
Martín Gutiérrez/@martinreportero
Los ayuntamientos de Cuautlancingo y Coronango están robando a sus propios gobernados al aplicar cobros exagerados y desproporcionados por expedir copias simples o certificadas de documentos oficiales, lo que ya generó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promueva acciones de inconstitucionalidad en contra de ambos ayuntamientos, por cobros que no encuadran en las Leyes de Ingresos.
La CNDH a través de su presidenta María del Rosario Piedra Ibarra, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las demandas con el número 33/2033 y 45/2023 para combatir las leyes de ingresos de Cuautlancingo y Coronango, entre otras demarcaciones territoriales que fueron aprobadas por el Congreso local y publicadas en el Diario Oficial del Estado.
El organismo defensor de los derechos humanos encontró que dichos cobros plasmados en sus Leyes de Ingresos, están fuera de la realidad económica de sus habitantes, en su mayoría, campesinos y obreros.
Estos cobros injustificados y desproporcionados, son por la búsqueda, así como la expedición de copias simples y certificaciones de datos o documentos en los archivos municipales, no relacionados con el derecho de acceso a la información pública.
“Las tarifas no atienden los costos del servicio que le representó al Estado la reproducción y entrega de la información solicitada, además de que establecen cobros diferenciados sin justificación, pese a que se trata esencialmente de los mismos servicios”, dice el documento.
De acuerdo con las leyes aprobadas por el Congreso, los costos por estos servicios van desde los 47.50 pesos hasta los 111 pesos, dependiendo el municipio.
En el caso de Cuautlancingo se cobra 93.50 pesos por cada hoja certificada o 36.50 por hoja sin certificación. Mientras que en Coronango cobran 94 pesos por hoja certificada
Ambas acciones de inconstitucionalidad están pendientes de resolver por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como dato de referencia, el alcalde de Coronango es el perredista Gerardo Sánchez y el de Cuautlancingo, el panista Filomeno Sarmiento, que, por lo visto, tiene la mano pesada para el cobro de derechos hacia sus conciudadanos.
