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- Realizó sobrecosto de 626.5 millones de pesos en la construcción de obra pública, vicios ocultos en el 60 por ciento de los proyectos culminados y retrasos constantes en las entregas
- Destinaron 26 mil 212 millones de pesos a Grupo Higa, equivalente al 34% del presupuesto total de la entidad en el presente ejercicio fiscal
- El actual inmueble de la FGE tenía un costo original de 158 millones de pesos y terminó costando 214 millones
- El distribuidor Vial D9, el de Cholula, el Hospital del Niño Poblano, el Nodo Juárez-Serdán, Parque Ecológico, Parque Paseo del Teleférico, así como el Puente 31 pte.- Blv Atlixco fueron las obras con más sobrecosto
Eduardo Sánchez
De la farándula a la política, como muchos otros, fue el camino que siguió Cabalan Macari Álvaro, quien dejó las pasarelas para volverse uno de los pilares clave en el arribo del morenovallismo a Puebla, así como de su permanencia durante los últimos 8 años. Originario de Yucatán, arribó a Puebla para tener sus primeras incursiones en la política con el gobierno de Melquiades Morales Flores, donde fue director general de Adquisiciones, mientras Rafael Moreno Valle fungía como secretario de Finanzas y Desarrollo Social.
Pero no sin antes haber pasado por los reflectores, al participar en un video musical de la cantante Paulina Rubio, por lo que mantuvo la misma línea que otros miembros de la farándula, llámese Jorge Kahwagi Gastine y Jorge Kahwagi Macari, tío y primo de Cabalan y quienes lo apoyaron en su incursión.
Antes de llegar a los primeros círculos del morenovallismo, se desempeñó como dirigente estatal del Partido Nueva Alianza y para 2011, antes de dejar la dirigencia, ayudó a forjar la alianza partidista PAN-PRD-Panal, que dio comienzo al morenovallismo. Para 2013, el nuevo político pasó a reemplazar a Antonio Gali Fayad en la Secretaría de Infraestructura, en donde se encargó de dar prioridad a las obras representativas de Moreno Valle, sin importar la calidad o los sobrecostos, además de carecer de experiencia para ostentar el cargo.
El manejo de la revisión de sus cuentas quedó blindado, tras haber dejado el cargo y postularse a una diputación federal por el partido blanquiazul. Sin embargo, Movimiento Liberal Mexicano y otras organizaciones sociales pidieron a la Federación un plan de auditoría general al Gobierno del Estado, en la aplicación de los recursos públicos, por los crecientes sobrecostos de hasta un 400 por ciento y el desvío de recursos públicos. Esta situación se ha visto no sólo con Cabalan, sino también con otros miembros cercanos al ex gobernador, como lo hemos expresado en anteriores entregas con Patricia Leal o Eukid Castañón, todos ellos manteniéndose en impunidad.
RETRASOS Y SOBRECOSTOS
En su paso por la dependencia, también fue señalado Mario Rincón González como el segundo responsable por los desastres en la edificación de obras. De acuerdo a los datos dados a conocer en el cuarto informe, se destinaron 2 mil 754 millones de pesos a infraestructura turística y cultural, nueve veces más que lo invertido en todo el sexenio anterior y para sustentarlo se ocuparon herramientas como los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS). Este financiamiento, en pleno 2019 aún representa para Puebla una deuda por más de 6 mil millones de pesos, monto que terminará de pagarse hasta el año 2039. Es importante mencionar que también se ligó a Macari con el beneficio de al menos tres empresas morenovallistas que recibieron millones de pesos en contratos.
Durante su periodo en la Secretaría de Infraestructura se firmaron contratos con Grupo Higa, que hasta mediados de enero de 2015 el gobierno de Moreno Valle había dado 26 mil 212 millones de pesos, exactamente el 34 por ciento del presupuesto total de la entidad en el ejercicio fiscal de aquel entonces y el equivalente al 60 por ciento del presupuesto total de la capital para este año.
Grupo Higa tiene como filiales a Eolo Plus, que hace transacciones con Tribasa y Grupo Hermes, propiedad de la familia Hank Rhon, empresas que fueron beneficiadas con contratos millonarios en Puebla. De igual manera, en la ejecución de al menos 20 obras se reportaron retrasos en su entrega entre las que se incluyeron el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia, la primera etapa del Centro de Capacitación y Entrenamiento de Audi, de acuerdo con el portal de Transparencia del Gobierno del Estado.
La edificación del inmueble de la PGJ, hoy en día Fiscalía General del Estado (FGE), fue la que más sobrecosto registró, al tener un costo original de 158 millones de pesos y terminar costando 214 millones, es decir, 35 por ciento más y con cinco meses de retraso.
Para 2015, la comparecencia de los funcionarios estatales de Infraestructura y Transporte ante el Congreso local, la diputada del PVEM, Geraldine González Cervantes, señaló un sobrecosto de 626.5 millones de pesos en la construcción de obra pública, vicios ocultos en el 60 por ciento de los proyectos culminados y retrasos constantes en las entregas.
El total de sobrecostos se dio en siete obras del gobierno estatal: El Distribuidor Vial D9, con un costo inicial de 102 millones y final de 469; el Distribuidor Vial de Cholula, que pasó de 198 millones a 220 mdp; Hospital del Niño Poblano, inicial de 408 millones y final de 425 millones. Igualmente, el Nodo Juárez-Serdán, inicial de 311 millones y final de 394; Parque Ecológico, de 85 millones y final de 163 mdp (casi el doble); el Parque Paseo del Teleférico, con costo inicial de 54 millones y final de 68; así como el Puente 31 Pte.-Blv Atlixco, con costo de 189 millones y final de 235.
Dichos verificentros también eran copropiedad Jorge Kahwagi, ex presidente del Partido Nueva Alianza (Panal) y primo de Cabalan Macari. En ese entonces, Mario Alberto Rincón González, titular de la Sdrsot, ofreció levantar la sanción impuesta a los verificentros en un principio afectados al no poder sustentar los cierres, pero la situación nunca tuvo solución.
Después de haber demostrado su lealtad, pasó a formar parte del círculo más cercano a Rafael Moreno Valle, junto con Luis Maldonado Venegas, entonces secretario general de Gobierno; Eukid Castañón Herrera, entonces contralor estatal y Roberto Moya Clemente, quien figuraba como secretario de Finanzas. Posteriormente, sus beneficios aumentaron con la adquisición de 19 de los 85 verificentros que existían en Puebla en 2016, de los cuales 20 habían sido cerrados por supuestas infracciones que nunca pudieron ser comprobadas, beneficiando a los centros del ex funcionario.
