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Al congelar las tarifas aplicadas para 2019, se dio un paso para dejar sin efecto la concesión por los siguientes 24 años
Eduardo Sánchez
Las tarifas aplicadas por la concesionaria Agua de Puebla para Todos fueron congeladas, gracias a un exhorto del Congreso del Estado, con esto se podría comenzar la lucha para dejar sin efecto la concesión otorgada desde 2013 y que estaba pactada por 30 años. El anuncio fue hecho por el consejo directivo del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), quien determinó congelar las tarifas que se establecieron al término del tercer trimestre de 2018, con la finalidad de apoyar la economía familiar de los poblanos, aunque esto se dio tras recibir un exhorto del Congreso local el pasado lunes. Sin embargo, la caza de la empresa Aguas de México, S.A., comenzó años atrás, y uno de los políticos que más criticó la licitación fue José Juan Espinosa, quien ahora lidera el Congreso del Estado. Fue desde 2013 que el Congreso del Estado aprobó la licitación para concesionar el servicio integral de agua potable con una vigencia de 30 años y 173 días, contando a partir del 26 de diciembre de 2013. En periodo de campaña, José Juan, quien entonces era candidato a diputado local por el Distrito 20 de la alianza Juntos Haremos Historia, prometió revertir la concesión otorgada a la empresa Agua de Puebla por parte de la administración de Rafael Moreno Valle. Una vez adquirida una curul, José Juan presentó una reforma constitucional al Artículo 12 para establecer que el servicio de agua tiene que ser gratuito y sin fines de lucro, despojando a la empresa de la concesión. Aunque ésta fue enviada a la congeladora.
DEFICIENCIAS DEL SERVICIO DE AGUA DE PUEBLA
En el penúltimo reporte de eficienciadel Soapap, expuesto en 2018, se demostró que el servicio había caído 10 puntos en calidad, así como vino a la baja en cuestión de recaudación. En esta última semana de enero, Gustavo Gaytán Alcaraz, director del Soapap, evidenció la falta de operaciones de Agua de Puebla ya que tiene facturas pendientes superiores a los 790 mil pesos. Asimismo, en 2017 un estudio realizado por la regional demostró que Puebla fue el séptimo estado con menor recaudación de recursos por el derecho al agua, con 244 pesos por habitante.
SIN HACER PÚBLICO EL CONTRATO DESDE HACE 5 AÑOS
Desde la entrega de la licitación, diferentes personajes denunciaron la opacidad del contrato firmado con la empresa y exigieron la transparencia del mismo. En octubre de 2018, un conflicto legal con la organización “Dale la Cara al Atoyac” logró que, mediante un amparo, un juez ordenara hacer público el contrato firmado con la empresa, luego de que 40 ciudadanos se declararon afectados por la contaminación del río Atoyac y por la omisión de las autoridades para sanear sus aguas.
Aunque la entrega sólo contenía aspectos técnicos y no los anexos, de los que el Gobierno del Estado aún está obligado a transparentar, se encontró un pago, por 1 mil 480 millones de pesos, de los cuales 500 millones se destinaron al pago de deuda con Banobras y los otros mil millones de pesos se destinaron a Finanzas del Gobierno estatal, sin que se conozca el uso que se le dio a ese dinero. Mientras que el contrato establece que la concesionaria se comprometió a invertir un total de 3 mil 900 millones en infraestructura para el quinto año, pero esta inversión no se ha podido constatar. En este último rubro, la empresa anunció días atrás la construcción de una planta tratadora de agua que se ubicará en la zona sur de la ciudad de Puebla y que tendrá una inversión de 200 millones de pesos, aunque antes de iniciar el proyecto, necesitan la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
