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Atrae la Corte dos demandas que podrían cambiar el curso del que es considerado el peor desastre medioambiental en México
Huffignton Post
El 6 de agosto de 2014 tuvo lugar el que es considerado el peor desastre medioambiental en México: 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos fueron derramados en los ríos Bacanuchi y Sonora. El derrame tóxico afectó directamente a 24 mil personas, por lo cual se creó el Fideicomiso Río Sonora, con el cual se buscaba reparar a los afectados. Sin embargo, este operaba sin reglas claras ni cuestionamientos sobre su funcionamiento, aunque la reciente atracción del caso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría cambiar el curso de las cosas. A través de una solicitud de información, Nacional Financiera señaló que el fideicomiso se extinguió el 7 de febrero de 2017. El pasado 11 de abril de 2018, la SCJN atrajo una demanda que plantea que el Fideicomiso Río Sonora es susceptible de ser cuestionado con un juicio de amparo dado el interés público de su objeto y debido a la intervención de un funcionario público en su Comité Técnico (expediente SEFA 27/2018). Pero la Corte también atrajo otra demanda para definir si, de cara a la salvaguarda del derecho a un medio ambiente sano, se puede reconocer interés legítimo de los habitantes del Río Sonora para cuestionar actos generados en una localidad que puedan repercutir en otra, sea por la afluencia de ríos o por la conexión de cuerpos de agua (expediente SEFA 46/2018).
La primera demanda atraída por la SCJN busca conseguir que el Fideicomiso Río Sonora pueda ser cuestionado mediante un juicio de amparo, alegando que la remediación de la contaminación y los daños al medio ambiente y a la salud de los habitantes, así como los da- ños económicos causados a la población aledaña son de interés público, además de que el Comité Técnico del Fideicomiso fue presidido por un funcionario público, el subsecretario de Semarnat, Rodolfo Lacy Tamayo. El Fideicomiso Río Sonora fue creado por Grupo México para reparar los daños causados por el derrame de 40 millones de litros de solución de cobre acidulado a los ríos Bacanuchi y Sonora, provenientes de las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. “Lo que se planteó en el juicio es que los Comités de Cuenca Río Sonora deben poder cuestionar cómo opera el fideicomiso y el juzgado dijo que no por tratarse de un fideicomiso privado. Lo que respondimos es que el fideicomiso responde a un asunto de interés público y que dentro de su Comité Técnico está un funcionario público, el subsecretario de la Semarnat, que está dedicando tiempo de su función pública a trabajar para un privado y eso sí debe ser cuestionado en el juicio. Eso lo encontró de interés el Tribunal de Sonora y se lo planteó a la Corte. Esta última, al atraer el caso, muestra que es de interés y trascendencia excepcionales”, señaló Luis Miguel Cano, abogado de la organización civil PODER que acompaña a los Comités de Cuenca Río Sonora, un grupo ciudadano creado a partir del derrame.
Los pendientes
De los dos mil millones de pesos que se destinarían a reparar los daños ambientales y materiales ocasionados por el derrame, solo se usó poco más de la mitad, dejando varios pendientes. El monto del fideicomiso equivalió al 0.013% de los ingresos brutos de Grupo México en 2014, y la multa de 24 millones de pesos que impuso a la empresa la Profepa equivalió al 0.00016% de los ingresos brutos de ese año. El fideicomiso, por ejemplo, prometió instalar 36 plantas potabilizadoras, aunque solamente quiso construir nueve, de las cuales apenas hay ocho instaladas y no todas operan con regularidad. También construir una unidad médica sin precedentes en el país para tratar las intoxicaciones por metales pesados, pero el edificio destinado a ese propósito quedó en obra negra y el fideicomiso cerró sin haber abierto la unidad de salud. De hecho, se gastó más en una estrategia de comunicación para limpiar la imagen de la empresa (24 millones de pesos) que en acciones de atención y seguimiento médico (poco más de 21 millones), según datos del propio fideicomiso. Asimismo, se limitó a repartir una serie de indemnizaciones a los productores sin hacer un análisis económico para definir ese reparto, lo que provocó que los montos repartidos fueran ínfimos comparado con las pérdidas ocasionadas a corto, mediano y largo plazo para los productores agrícolas y ganaderos.
