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Eduardo Sánchez
De Procurador General de Justicia a Fiscal General, Víctor Carrancá Bourget, ha pasado casi 7 años al frente de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de los poblanos sin grandes resultados. El Fiscal es conocido por su larga carrera en la defensa de políticos corruptos, violadores e ineficacia al frente de los órganos de justicia, además, durante su administración, se han cometido robos millonarios sin que desestabilicen su paso por el Gobierno del Estado. Carrancá es abogado penalista; antes de llegar a Puebla, estuvo a cargo de la defensa de 4 guardaespaldas del ex procurador general de la República, Javier Coello, acusados de violar a 7 mujeres en los años 90. Todos fueron exonerados. También, estuvo en la investigación del homicidio de la defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa, y del proceso penal contra el ex regente Óscar Espinosa Villarreal, quien fue absuelto de los cargos que se le imputaron. Siempre, dando paso a la impunidad, el ahora Fiscal fue nombrado por el entonces jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, Subprocurador en la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal (PGJDF). En ese periodo, estuvo a su cargo la resolución del homicidio del famoso conductor de televisión, Paco Stanley, y basta recordar que todos los presuntos responsables que presentó Carrancá Bourget quedaron en libertad. Más tarde, y en su andar como subprocurador de Averiguaciones Previas del DF, quedó al frente de la defensa del perredista René Juvenal Bejarano por el delito de lavado de dinero y, una vez más, logró dejarlo en libertad.
LLEGADA DEL MORENOVALLISMO
De la mano del morenovallismo, Carrancá llegó al frente de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en 2011, casi 5 años después, fue transformada en la ahora conocida Fiscalía General del Estado (FGE) con la que obtuvo un pase directo como Fiscal transexenal. En 2015, cuando la Reforma Constitucional se mandó al Congreso, fue aprobada gracias a la mayoría que mantenía el morenovallista, conformada por los legisladores del PAN, PRD, Nueva Alianza, PT, Compromiso Por Puebla, Movimiento Ciudadano y Pacto Social de Integración. Agrupaciones como el Movimiento por la Alternativa Social (MAS) aseguran que, en vez de perseguir a los verdaderos delincuentes, Carrancá seguiría incriminado a integrantes de organizaciones sociales, activistas, estudiantes, maestros, vendedores ambulantes y todo aquel que resulte “incómodo” para el Gobierno Estatal. Incluso, en ese entonces, Enrique Doger aseguró que su permanencia era para blindar a Moreno Valle de posibles investigaciones que se promuevan en su contra. Con ya 3 años al frente de la FGE, organizaciones civiles han reportado un aumento desmedido en el caso de feminicidios en el estado, siendo ésta la principal queja para su destitución. En 2018, esta cifra ya supera los 600 casos, aunque cifras oficiales demuestran menos. Aunado a esto, la Fiscalía de Carrancá ha sido calificada en múltiples ocasiones por índices nulos de acceso a la información, así como la reciente calificación otorgada por Impunidad Cero que la señalan con el peor desempeño a nivel nacional. Cabe mencionar que, dentro de la institución autónoma, han existido denuncias contra funcionarios corruptos que aceptan sobornos y que, lejos de dictar justica, el Fiscal hace oídos sordos. Uno de los casos más pronunciados fue el robo de más de 8 millones de pesos al Departamento de Indicios, donde ex funcionarios como Javier Hernández García, del área de Nómina; José Arturo Torres de Ita, del departamento de Recursos Humanos; Claudia Palacios Ramos, subdirectora de Recursos Humanos; y Juan José Cerezo, ex funcionario del Depósito de Vehículo, son investigados como presuntos responsables. Sin embargo, Nahur Hernández Santaellat, ex Director de dicho departamento, y quien sería el principal responsable del robo, continuó prófugo desde septiembre del año pasado, sin que la Justicia pueda hacer algo para dar avances en la investigación. Carrancá fue designado en diciembre del 2016 por otros 7 años más al frente de la Fiscalía, por lo que su periodo terminará hasta 2022, y todo parece indicar que a Puebla le esperan más años en los que se presenten grandes aumentos en la delincuencia, impunidad y corrupción.
