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Ante los niveles de violencia en el país, la seguridad privada se ha convertido en un mal necesario. Sin embargo, la industria opera en medio de una serie de problemas
Infobae
A medida que se ha ido incrementando la inseguridad en México, también lo han hecho los servicios de seguridad privada. Según el registro de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), el número de empresas con autorización federal para prestar este tipo de servicios en dos o más entidades son, hasta abril de 2018, 1,232. Sin embargo, se estima que hay entre 6,000 y 8,000 compañías que ofrecen el servicio sin tener licencia para hacerlo, es decir, que son ilegales. Además del alto número de empresas fraudulentas, existe un problema con la normatividad, pues según se ha señalado, no cumple con los mínimos requerimientos para asegurar el cumplimiento de los perfiles y preparación adecuada del personal.
José Antonio Parra, presidente del Consejo Mexicano de la Sociedad de Estudios Internacionales, explicó en entrevista con Infobae México que en realidad el país no cuenta con una legislación moderna en torno al tema, pues en ningún lado aparece explícitamente definida la profesión de escoltas. Estos cuerpos de seguridad que fungen como guardaespaldas aparecen bajo el concepto de guardias, que puede entenderse como personal de vigilancia de acceso y salida de tiendas, centros comerciales, estacionamientos, restaurantes, aeropuertos, inmuebles, traslado de valores y por supuesto, custodia de personas. Según explicó Antonio Parra, México cuenta con una ley a nivel federal que regula la seguridad privada cuando la prestación de estos servicios se realiza en dos o más estados. Sin embargo, sí sólo se prestan en un estado se regulan por la ley local.
