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Eduardo Sánchez
El diputado local por el Partido del Trabajo, José Juan Espinosa Torres, se ha sumado a la corta lista de políticos que han sido sancionados por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) al realizar actos de violencia política de género. El caso ha recordado la impunidad del delito en Puebla, mismo que continúa sin tener los protocolos para su correcta atención. La mayor parte de las denuncias se ha presentado durante procesos electorales, aunque no son los únicos casos, pues algunas comunas en la entidad también han reportado este delito, en la mayoría de los casos, los recursos son desechados.
El juicio de José Juan se presentó luego de que el 4 de julio de 2018, durante el cómputo distrital para el conteo de votos de la elección a gobernador, el entonces representante del PT ante el IEE hizo señalamientos a su homóloga del PRI que más tarde fueron denunciados: “Necesitas un terapeuta sexual porque estás mal atendida”, refirió. Laura Torres, la afectada, presentó una denuncia ante el TEEP y este lunes los magistrados del instituto determinaron, por unanimidad, sancionar al político con 10 puntos, entre los que se encuentran la asistencia a un curso de sensibilización, así como ofrecer disculpas públicas en medios de comunicación, según consta en el proyecto TEEP- AE-083/2018. El ex presidente municipal de San Pedro Cholula ha sido de los pocos políticos que han sido sancionados por este delito que carece de legislación local. Otro de los personajes que han sido sancionados es el priista Enrique Doger Guerrero. El ex candidato del PRI a la gubernatura del estado también fue sancionado en agosto pasado, luego de que el TEEP resolviera que incurrió en violencia política de género en contra de la entonces candidata de Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso. La denuncia presentada en aquel entonces por el PAN señalaba un spot que agredía a la candidata, aunque los magistrados únicamente sancionaron al ex candidato a la gubernatura debido a que las agresiones fueron de manera personal en redes sociales, dejando de lado a los partidos políticos.
¿UN DELITO?
Del otro lado de la moneda, se encuentran los políticos que han evitado a toda costa ser acusados por este delito que durante varios años se normalizó. El caso que más revuelo tuvo y llevó el tema al centro del huracán fue el de la regidora Ruth Zárate y el ex edil de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce.
Desde 2014, cuando la gestión de Inés Saturnino arrancó como presidente municipal, las regidoras Ruth Rodríguez Huerta y Ruth Zárate Domínguez denunciaron actos de misoginia, razón por la cual comenzaron un proceso legal contra el panista. Un año después, tras el fallo de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) para armar un caso por violencia política de género, el TEEP decidió dictar a favor de las regidoras, Saturnino tuvo que ofrecer disculpas públicas y realizar el pago que habían retenido a las funcionarias por 8 meses, así como el PAN invitó al ex edil a terminar con este tipo de actos. No pasó a mayores. Recordemos que Inés Saturnino fue apoyado hace poco por Genoveva Huerta, dirigente estatal del PAN, para buscar la candidatura a gobernador en la elección extraordinaria.
Más quejas se presentaron en el pasado proceso, la entonces
candidata a la alcaldía de Cuautlancingo, Lupita Daniel Hernández, también
presentó una queja contra Filomeno Sarmiento, abanderado del PAN, por violencia
política de género, pero fue desechada. Aunque durante el año pasado existieron
investigaciones y sanciones contra funcionarios que agredieron a mujeres políticas,
no existen lineamientos para atender el problema de manera focalizada. Los
procesos de atención a estas denuncias se realizan con órganos federales, pues
la entidad poblana es una de las 12 donde la violencia política de género no es
un delito, ya que en el Congreso del Estado no ha legislado para homologar este
delito y crear protocolos para su atención.
