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Infobae
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en un hecho histórico, indicó que el Estado mexicano es responsable de desaparición forzada con participación de autoridades estatales, que presuntamente tendrían nexos con el crimen organizado. Christian Téllez Padilla tenía 30 años cuando fue víctima de desaparición forzada en octubre de 2010. Luego de nueve años, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución por su caso: el Estado mexicano debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias en las que desapareció. La ONU publicó el dictamen en Ginebra, Suiza, tratándose de la primera ocasión en que esta instancia internacional se pronuncia por un caso particular de desaparición forzada en México. El dictamen está basado en el derecho internacional de los derechos humanos y se emite tras recibir una denuncia de familiares de una víctima de este delito.
Aproximadamente a las 3:30 pm (del 20 de octubre de 2010 )a la altura del Puente Hueleque sobre el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, dos patrullas de la Policía Intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, compuestas por ocho policías, interceptaron a Téllez Padilla, lo apuntaron con sus armas mientras lo bajaron de su automóvil y lo subieron a una de sus patrullas. Su esposa, quien seguía el auto de su cónyuge en su camioneta, intentó seguirlos, pero cuando las patrullas se pararon para preguntarle lo que buscaba, llegaron dos policías en motocicletas que se colocaron frente a ella, impidiéndole el paso. La tarde del 21 de octubre de 2010 la familia encontró el automóvil de la víctima en un lote baldío y dio aviso a la Procuraduría. El experto enviado tocó el volante del automóvil sin utilizar guantes e indicó a los familiares que no podía realizar el dictamen dactiloscópico debido al polvo. Ella y familiares de la víctima presentaron denuncias. La mujer identificó a tres policías entre los responsables de la desaparición, pero su participación en los hechos fue descartada por sus supervisores jerárquicos, los cuales fueron posteriormente arrestados por supuestos vínculos con el grupo del crimen organizado Los Zetas, de acuerdo a la organización civil Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
