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Mariel Serrano
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del estado, sancionó a siete servidores públicos en Puebla luego de concluir diversos procedimientos administrativos que derivaron en destituciones e inhabilitaciones temporales por incumplimientos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
De acuerdo con la dependencia estatal, las resoluciones fueron emitidas por la Dirección de Seguimiento a Responsabilidades como resultado de procedimientos sustanciados conforme a la legislación vigente.
Las faltas detectadas corresponden, principalmente, a la omisión en la presentación de declaraciones de situación patrimonial y de intereses, así como al incumplimiento de principios que rigen el servicio público. En uno de los casos también se acreditó la presentación de una cédula profesional que no correspondía con la identidad ni con el grado académico requerido durante un procedimiento escalafonario.
¿Qué contempla la sanción a siete servidores públicos en Puebla?
Las medidas impuestas incluyen destituciones de los cargos e inhabilitaciones temporales con periodos que van desde poco más de cuatro meses hasta seis meses, dependiendo de la gravedad de cada caso y de la conducta acreditada.
Las personas sancionadas pertenecían a distintas dependencias y organismos públicos, entre ellos el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), las secretarías de Competitividad, Trabajo y
Desarrollo Económico, Seguridad Pública y Bienestar, así como el organismo público descentralizado Convenciones y Parques.
Las resoluciones fueron dictadas con apego al debido proceso, garantizando el derecho de audiencia y defensa de las personas involucradas, precisó la dependencia estatal.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer una administración pública íntegra, transparente y responsable, en congruencia con la política impulsada por el Gobierno del Estado.
Asimismo, recordó que las personas sancionadas cuentan con los mecanismos legales para impugnar las resoluciones, conforme a la normativa aplicable.
