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Exclusivas Puebla
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) informó el inicio de tres expedientes de queja relacionados con los hechos registrados el pasado 11 de junio de 2026 en el municipio de San Andrés Cholula, donde una mujer y sus dos hijos —un niño y una adolescente— habrían sido víctimas de presuntas vulneraciones a sus derechos humanos durante una intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
A través de un posicionamiento público, el organismo autónomo señaló que las investigaciones se centran en tres aspectos fundamentales derivados de la actuación de las autoridades municipales.
El primero corresponde al posible uso indebido o desproporcionado de la fuerza pública durante el operativo, situación que deberá analizarse conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y demás protocolos aplicables.
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La segunda línea de investigación está relacionada con una posible omisión en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente por la falta de aplicación de mecanismos especializados que garanticen el interés superior de la niñez durante este tipo de intervenciones.
Asimismo, la CDH Puebla indaga la presunta difusión indebida de imágenes, videos y datos personales de la mujer involucrada, hechos que podrían vulnerar derechos como la presunción de inocencia, la dignidad humana y el derecho a la propia imagen.
El organismo recordó que las corporaciones de seguridad deben desempeñar sus funciones bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, responsabilidad y respeto irrestricto a los derechos humanos, tal como lo establece la Constitución Mexicana y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Además, destacó que todas las autoridades tienen la obligación de garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes, colocando el interés superior de la niñez como un eje prioritario en cualquier actuación institucional.
La Comisión aseguró que las investigaciones se desarrollarán con imparcialidad, objetividad y rigor técnico para determinar si existieron violaciones a derechos humanos y, en su caso, emitir las resoluciones correspondientes.
