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El colapso de Haití ha alcanzado niveles catastróficos en los primeros tres meses de este año. Según el más reciente informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), la violencia ha dejado un saldo de 1,642 muertos y 745 heridos, una cifra que refleja el control casi total que las bandas armadas ejercen sobre el país.
Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, el vacío de poder ha permitido que las pandillas dominen más del 90% de la capital, Puerto Príncipe, expandiendo ahora su terror hacia el interior con tácticas que incluyen el uso de drones con explosivos, los cuales ya han cobrado la vida de cinco niños.

El informe revela una realidad compleja: mientras el 27% de las víctimas son atribuidas directamente a las bandas, un alarmante 69% de las muertes y lesiones ocurrieron durante operativos de las fuerzas de seguridad. Esto ha puesto bajo la lupa a la Policía Nacional de Haití (PNH), señalada por presuntas ejecuciones sumarias.
Carlos Ruiz Massieu, responsable de la BINUH, advirtió que, aunque se ha logrado contener la expansión territorial en algunas zonas del centro de la capital, la inseguridad diaria es “insostenible” para la población, que además enfrenta violaciones colectivas y trata de menores como herramientas de castigo de los grupos criminales.
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La situación se recrudeció a finales de marzo en la zona del Bajo Artibonite, donde ataques coordinados en 16 localidades dejaron decenas de personas ejecutadas incluso dentro de sus propios hogares. Ante este escenario, la ONU ha hecho un llamado urgente a la comunidad internacional para acelerar el despliegue total de la Fuerza de Supresión de las Pandillas (GSF), una misión que espera reunir a 5,500 efectivos militares y policiales.










