Sin fuero y bajo la lupa: Rubén Rocha Moya pierde inmunidad tras licencia indefinida

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La caída del muro legal de Rocha Moya se gestó en menos de 48 horas. El viernes, abrumado por las acusaciones de Nueva York que lo vinculan con la facción de “Los Chapitos”, el sinaloense solicitó apartarse de su puesto. Para este sábado, el Legislativo local no solo aceptó la petición, sino que nombró a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina. La interpretación jurídica de Zaldívar ha sido el golpe de gracia: “El fuero protege a la función, no a la persona. Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona”.

Esta precisión técnica desmantela la estrategia de defensa del exmandatario, quien ahora enfrenta las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) como un ciudadano común, eliminando el tortuoso camino burocrático que exige el Artículo 111 constitucional para los funcionarios en activo.

Mientras Rocha Moya y el ahora exalcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, optaron por el repliegue, el contraste en la cúpula morenista lo marca el senador Enrique Inzunza Cázarez. A diferencia de sus correligionarios, Inzunza se ha aferrado a su escaño y, por ende, a su inmunidad procesal federal.

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El senador calificó las imputaciones como “falsedades” y aseguró que dará la batalla legal desde su cargo, una posición que lo mantiene blindado frente a una orden de aprehensión directa, a menos que el Senado de la República decida iniciar un proceso de desafuero en su contra. Esta división de estrategias dentro del grupo sinaloense subraya la gravedad de las pruebas que el Distrito Sur de Nueva York afirma poseer.

“Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie”, ha sido el mantra repetido por las instituciones federales, pero en el caso de Rocha Moya, la frase ha cobrado una literalidad física.

Al no contar ya con la titularidad del Ejecutivo estatal, la FGR no requiere de una declaratoria de procedencia para actuar. La narrativa del exgobernador, quien asegura que se someterá voluntariamente a las investigaciones mexicanas para limpiar su nombre, ahora se pone a prueba bajo un escenario donde la detención es una posibilidad jurídica real y presente.

En Sinaloa, el ascenso de Yeraldine Bonilla marca el inicio de una transición incierta, mientras que en la capital del país, los ojos están puestos en el siguiente movimiento de la fiscalía, que ahora tiene el camino libre de obstáculos constitucionales para proceder contra el hombre que, hasta hace apenas unos días, gobernaba uno de los estados más complejos del país.