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El asesinato de dos maestras en la preparatoria Antón Makarenko ha sacudido no solo a la comunidad educativa, sino a los cimientos del sistema judicial en Michoacán. El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, reconoció que Osmar “N”, el adolescente de 15 años capturado tras el ataque, podría recibir una sanción de internamiento de entre 3 y 5 años, una cifra que contrasta drásticamente con los 50 años que recibiría un adulto por el delito de feminicidio. Este desfase legal representa un “desafío para la percepción de justicia” en un caso marcado por la premeditación y la brutalidad.
El ataque: Un rifle AR-15 en una funda de guitarra
Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) han revelado detalles escalofriantes sobre la ejecución del crimen. El adolescente ingresó al plantel minutos antes de las 8:00 horas, ocultando un fusil de asalto AR-15 dentro de una funda de guitarra. Los videos de seguridad confirman que no hubo altercado previo; fue un ataque directo y deliberado. Osmar “N” disparó primero contra una docente que le daba la espalda y, posteriormente, contra una segunda maestra que intentaba ponerse a salvo.
Horas antes del atentado, el menor publicó videos en sus redes sociales portando el arma y difundiendo mensajes de odio, lo que sustenta la hipótesis de una planeación meticulosa. El rifle, según las indagatorias, pertenecía a su padrastro —un exintegrante de una corporación federal de seguridad— y no contaba con registro legal, lo que abre una línea de investigación adicional sobre la responsabilidad de los tutores.
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La Ley frente al castigo: ¿Reinserción o impunidad?
El marco jurídico vigente en México prioriza el interés superior de la niñez y la reintegración social sobre el castigo punitivo. Para menores de 15 años, como es el caso de Osmar, el internamiento máximo es de tres años, pudiendo extenderse hasta cinco si el juez especializado determina una peligrosidad excepcional. Esta brecha legal ha provocado la indignación de legisladores como Carlos Bautista Tafolla, quien calificó de “injusto” que se arrebate la vida a dos madres de familia con una sanción tan breve.
Sin embargo, el Congreso estatal ha mantenido su postura de no endurecer estas penas, argumentando que medidas más severas serían inconstitucionales y carecen de evidencia sobre su eficacia para disminuir la criminalidad juvenil. Mientras tanto, el fiscal Torres Piña alertó sobre un fenómeno en crecimiento: desde agosto pasado, 13 menores han sido judicializados en Michoacán por delitos graves como homicidio y delincuencia organizada.
Un proceso bajo el lente nacional
El caso ha sido atraído a la capital, Morelia, para garantizar un proceso con el mayor rigor institucional posible. Osmar “N” permanece en la Unidad Especializada para Adolescentes, donde se definirá si el sistema de justicia actual es capaz de reparar el daño a las familias de las maestras o si este episodio se sumará a la lista de casos que exigen una reforma urgente a la ley de menores en México.
