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Mariel Serrano
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció que su administración presentará una solicitud formal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revisar el contrato vigente del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, el cual fue suscrito durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas bajo el esquema de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS).
Durante una conferencia de prensa realizada en el edificio ejecutivo del CIS, Armenta expresó su preocupación por los altos costos que representa la obra para las finanzas públicas del estado.
Actualmente, el mantenimiento del inmueble genera un gasto mensual superior a un millón de pesos, y los pagos continuarán hasta 2037.
Según datos de la Secretaría de Finanzas, el contrato inicial establecía un compromiso de mil 372 millones 679 mil pesos.
Sin embargo, se estima que el monto total a pagar ronda los 4 mil millones de pesos, debido a intereses y costos operativos. Al primer semestre de 2025, aún quedan por cubrir más de 700 millones de pesos.
“Queremos que se revise este acuerdo que afecta a Puebla. Es momento de analizar su legalidad y su impacto financiero. Lo haremos una vez que los nuevos ministros de la SCJN tomen posesión el próximo 1 de septiembre”, declaró el gobernador.
La nueva conformación del máximo tribunal, encabezada por Hugo Aguilar Ortiz e integrada por ministros como Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, entre otros, será clave para determinar si procede una revisión judicial o una posible renegociación del contrato.
Armenta reiteró que la intención no es únicamente cuestionar el origen del proyecto, sino redirigir los recursos públicos hacia obras prioritarias, como una nueva línea del sistema de transporte Cablebús.
“Trabajamos con una visión de desarrollo incluyente, donde cada peso cuente”, puntualizó.
El mandatario también hizo referencia a otras obras públicas de alto costo heredadas de administraciones anteriores, como el Museo Barroco, insistiendo en que es necesario revisar cualquier contrato que comprometa a largo plazo el presupuesto estatal sin un beneficio proporcional para la ciudadanía.
