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Exclusivas Puebla
Ya son seis lustros. Tomás Pérez Francisco fue detenido y desaparecido hace más de 30 años; frente a este caso, las autoridades parecen indolentes. En la última mesa de trabajo, realizada el 7 de julio, la Fiscalía General del Estado de Puebla planteó que el delito estaría prescrito y señaló que hasta ahora no se ha acreditado la participación de agentes estatales.
La familia y el equipo de acompañamiento consideran que esta postura desconoce la naturaleza permanente de la desaparición forzada.
Acompañados por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla y la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio (CORASON), organizaciones y especialistas, la familia exige que se retomen los acuerdos asumidos desde enero de 2025 y que la investigación avance con perspectiva intercultural, debida diligencia y un cronograma claro.
“La impunidad no es solo una palabra en abstracto, sino que se va construyendo todos los días en las omisiones de las personas servidoras públicas”: Guadalupe Pérez
Guadalupe Pérez Rodríguez, hijo de Tomás, señaló que desde enero de 2025 se han acordado diligencias de investigación que permanecen pendientes. En la mesa del 7 de julio, además de plantearse la prescriptibilidad del delito, persistieron retrasos, rotación de personal y obstáculos burocráticos que han impedido esclarecer quién participó en los hechos.
El Lic. Roberto Rosete Guzmán, quien acompaña el caso desde el IDHIE, sostuvo en rueda de prensa que la desaparición no puede considerarse prescrita mientras no se conozca la suerte o el paradero de la persona. Añadió que descartar la hipótesis de desaparición forzada por la falta de señalamientos directos contra agentes estatales no agota la obligación de investigar el contexto y las estructuras que pudieron hacer posible la desaparición.
El especialista señaló que el caso requiere un plan metodológico de investigación con teoría del caso, hipótesis diferenciadas, agenda de diligencias y plazos. También exigió concluir y entregar los peritajes pendientes, entre ellos los de trabajo social, victimología y antropología. “En este caso no se ha cumplido con los requisitos establecidos en el protocolo homologado de investigación y, en cambio, se obstaculiza” explicó.
El Dr. Rubén Ortiz Rosas, consultor independiente, explicó que el análisis de contexto debe ser una herramienta central para orientar la búsqueda y la investigación. Consideró necesario relacionar la desaparición de Tomás con el entramado de poder político y económico de la región y con las formas de violencia ejercidas contra comunidades campesinas.
El caso apunta a que “nos estamos enfrentando a un carpetazo de la investigación, lo cual es lamentable”.
Por su parte, el Dr. Mauricio González González, coordinador de CORASON, planteó la necesidad de que las acciones de investigación respondan a las circunstancias particulares del caso y que no se repitan prácticas de revictimización, donde incluso se ha llegado a cuestionar el origen y veracidad de la historia con rasgos de la vida íntima e identidad de Tomás.
“No solo no nos han entregado resultados, los instrumentos que utilizan son auténticamente burocráticos […] Con esto tenemos una prueba fehaciente de esa violencia estructural que implica a los pueblos originarios”, sentenció el coordinador.
El grupo de expertos hizo un llamado a que la Fiscalía General del Estado de Puebla retome los acuerdos establecidos en mesas de trabajo anteriores, defina responsables y fechas para las diligencias pendientes y evite descartar de manera automática la hipótesis de desaparición forzada.
