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La caída de Dámaso Castro no es un evento aislado, sino el capítulo más reciente de una purga institucional que parece no tener fin. Según documentos del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el ahora vicefiscal con licencia es señalado directamente de recibir sobornos mensuales por parte de “Los Chapitos”. La acusación es grave: se le imputa haber ofrecido protección a miembros del Cártel de Sinaloa, filtrar información sobre operativos en laboratorios clandestinos y evitar detenciones de figuras clave del grupo criminal.
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Ante este escenario, Castro Zaavedra manifestó que su separación busca permitir que las investigaciones institucionales fluyan sin obstáculos, poniéndose a disposición de las autoridades federales para atender cualquier requerimiento legal, aunque su salida ocurre en medio de un clima de desconfianza total hacia la fiscalía local.
Dámaso Castro era considerado un “sobreviviente” de la vieja guardia en la institución. Ingresó a la entonces Procuraduría estatal en 1998 y escaló posiciones hasta convertirse en una pieza fundamental durante la gestión de Sara Bruna Quiñónez. Precisamente, su nombre ya había estado bajo fuego tras el asesinato del exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, en julio de 2024. En aquel entonces, Castro defendió a capa y espada la versión oficial de la fiscalía sinaloense, la cual fue posteriormente despedazada por la FGR al detectar graves inconsistencias y omisiones.
Pese a ese antecedente, intentó sin éxito ocupar la titularidad de la fiscalía tras la renuncia de Quiñónez, cargo que finalmente obtuvo Sánchez Kondo, quien hoy termina por aceptar su salida definitiva del organigrama.
Con la licencia de Castro, el estado de Sinaloa vive una acefalía de facto en sus posiciones de mayor poder. En menos de una semana, el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también abandonaron sus funciones tras ser señalados en el mismo expediente de 34 páginas redactado en Nueva York.
La salida del vicefiscal deja a la fiscalía estatal en una posición de extrema vulnerabilidad, justo cuando la FGR reclama el control total de las carpetas de investigación relacionadas con el narcotráfico y la seguridad nacional en la entidad. Lo que queda en Sinaloa es un vacío de mando que pone a prueba la capacidad de respuesta del gobierno federal ante una crisis que ya trascendió las fronteras del país.
