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Infobae
El clásico por Eliminatorias entre Brasil y Argentina duró apenas un puñado de minutos. Y quedó suspendido por la intrusión de una autoridad sanitaria, que mientras la pelota corría por el estadio intentó llevarse a los cuatro jugadores albicelestes que residen en Inglaterra (Dibu Martínez, Cuti Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía, quien se había quedado afuera del banco) acusándolos de haber violado las normas migratorias relacionadas con la pandemia de coronavirus.
La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) aconsejó una cuarentena obligatoria y denunció que estos jugadores mintieron en la declaración jurada que firmaron al entrar al país provenientes de Caracas, omitiendo que hacía no menos de 14 días habían estado en Inglaterra, algo que era de público conocimiento.
En consecuencia, según informó la Conmebol en un comunicado que “por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido. El árbitro y el comisario del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir. Estos procedimientos se ciñen estrictamente a las reglamentaciones vigentes.”
No resultan azarosos los términos utilizados por la Confederación en el escrito. En efecto, al ser Eliminatorias, la decisión de qué sucederá con el Superclásico de las Américas, el primero después de la final de la Copa América que Argentina ganó en el Maracaná, quedará en manos de la FIFA. El caso pasará a la Comisión Disciplinaria, que es el Tribunal de primera instancia de la entidad que rige el fútbol a nivel mundial.
El Tribunal recibirá el informe arbitral y llamará a las partes a hacer su descargo. Luego, dispondrá de 15 días para fallar. Brasil podrá alegar que una Ley Nacional (la que intentaba ejecutar la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) está por encima de una reglamentación deportiva y hasta declararse damnificado. De hecho, la Confederación Brasileña de Fútbol apunta contra Anvisa.
